La Escuela Es Nuestra... y los peligros, también

La trágica muerte del niño Anuel Esquivel Cruz, de seis años de edad, en la primaria Cuauhtémoc, de San Pedro, Coahuila, no fue un accidente aislado, sino la dolorosa evidencia del fallo estructural del programa federal La Escuela Es Nuestra (LEEN).

La estructura metálica que colapsó sobre el menor había sido instalada con recursos de éste. El hecho subraya el peligro de una política pública que descentraliza el manejo de la infraestructura y, al mismo tiempo, se deslinda de la supervisión técnica profesional.

Creado para sustituir al Inifed, que existía antes de la llegada de Morena al poder, el programa LEEN se ha convertido en el principal vehículo de inversión en infraestructura educativa del gobierno federal, con un presupuesto histórico estimado en 27 mil millones de pesos en 2023. La idea que lo originó era transferir los fondos directamente a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), integrados por padres y docentes, buscando combatir la corrupción y fomentar la participación.

Sin embargo, esta inyección masiva de dinero, sin un aparato robusto de fiscalización técnica, lo ha transformado en un mecanismo de alto riesgo, donde la seguridad de los estudiantes queda supeditada a la voluntad de comités ciudadanos sin la experiencia requerida en construcción o normatividad.

El diseño operativo de LEEN otorga recursos directos, que van de 200 mil a 600 mil pesos en educación básica, según la matrícula, concentrando la responsabilidad financiera en la tesorera y el presidente del CEAP. Esta transferencia directa ha facilitado la opacidad y la corrupción, pues la Secretaría de Educación Pública carece de un mecanismo específico y visible de transparencia a nivel nacional que permita rastrear en qué obras se invierte el dinero en cada plantel y su costo.

Sin esta trazabilidad centralizada, la fiscalización pública es casi imposible, creando un ambiente propicio para el desvío y las malas prácticas, como la contratación por nepotismo o la ejecución de obras inconclusas, como lo demuestran las 606 denuncias formales registradas por beneficiarios.

La falla institucional más grave es el explícito deslinde de responsabilidades federales en la vigilancia de la obra física. Aunque la normativa pide que los CEAP realicen obras mayores bajo la reglamentación aplicable (NOM, reglamentos de construcción, etcétera), ni la SEP ni la Secretaría de Bienestar tienen dentro de sus atribuciones la supervisión de ningún tipo de acción de rehabilitación o ampliación física.

Esto genera un vacío de responsabilidad institucional: el gobierno federal financia, pero no garantiza la seguridad. La responsabilidad técnica recae en padres de familia sin experiencia profesional, quienes terminan contratando mano de obra económica que carece de la pericia o las certificaciones necesarias.

En el caso de Coahuila, la estructura colapsada se instaló sin contar con los permisos necesarios de la Secretaría de Educación estatal ni de Protección Civil. Esta negligencia obligó a Coahuila a actuar como auditor de seguridad reactivo, reportando la clausura y cancelación de al menos cuatro obras de LEEN por no cumplir con los requisitos.

Tras la tragedia, el comunicado de la SEP ofreció tanto “acompañamiento legal como emocional” a la familia y se centró en “determinar las causas y responsabilidades del hecho”. Este enfoque resulta insuficiente y evasivo, pues desvía la atención del fallo de diseño sistémico del programa.

La tragedia de San Pedro debe ser el punto de inflexión. Es imperativo que el gobierno federal ordene una revisión nacional exhaustiva de todas las obras realizadas con recursos de LEEN desde su inicio. Esta auditoría total y transparente debe abarcar la fiscalización del gasto (para detectar desvíos y nepotismo) y, crucialmente, la inspección de seguridad estructural y el cumplimiento de las normativas de Protección Civil y construcción.

La simulación de participación comunitaria no puede ser más importante que la seguridad de los niños y niñas. La seguridad de la comunidad escolar depende de que el Estado asuma la responsabilidad que irresponsablemente delegó.