Pese a los discursos políticos que sostienen lo contrario, la corrupción avanza sin freno por el país. Y no tiene que ver con qué partido gobierna. En todos lados parece suceder lo mismo. Lo ilustro con una historia.
El 10 de marzo de 2025, ocurrió un aparatoso choque sobre la autopista que une Gómez Palacio, Durango, con la capital de ese estado. Una maniobra imprudente del conductor de un tráiler de una empresa privada, que da servicio de recolección de basura a diversos municipios norteños, provocó una colisión con un autobús en el que viajaban personas que regresaban de hacer compras en la frontera. En el percance hubo 14 fallecidos.
Las autoridades duranguenses buscaron que la empresa, con sede en Chihuahua, respondiera por los daños causados. Pero ésta arrastró los pies. Y ahí comenzó una serie de hechos que indican cómo ha penetrado el crimen organizado en las instituciones públicas.
El último fin de semana de agosto, la policía duranguense capturó al dueño de la empresa y a su esposa, quienes aparecen como apoderados en el acta constitutiva. La detención, realizada cuando la pareja se encontraba en un cajero de la capital chihuahuense, respondió a una orden de aprehensión girada por un juez en Durango.
Hasta ese punto, el procedimiento parecía ordinario. Sin embargo, la existencia de un convenio de colaboración entre las fiscalías de una y otra entidad fue pasado por alto: los agentes duranguenses actuaron solos, realizando un seguimiento de los movimientos del hombre y la mujer hasta que consiguieron capturarlos juntos.
Las cosas se descompusieron al llegar a Durango. A las pocas horas de haber sido ingresado en el Cereso estatal, el empresario fue visitado por un preso.
“Te voy a decir lo que va a pasar”, le dijo, de entrada. Le explicó que su audiencia ocurriría tal día y ante determinado juez. “Todo lo que te suceda aquí de ahora en adelante va a depender de mí. Ya sé que tu abogado es muy chingón, pero le vas a pedir que le baje de güevos. Después, quiero que entregues millón y medio de pesos, pero eso es nada más para la audiencia. Y necesito el dinero mañana, y en efectivo”.
—¿Pero cómo le voy a hacer? Estoy aquí preso –protestó el empresario–.
—Ese es tu pedo. Pero si no te molesta que le pase algo a tu mujer, nada más dímelo.
—No, no, no. Yo veo cómo consigo el dinero.
Seguramente los extorsionadores –que se han apoderado del Poder Judicial en el estado– ya tenían bien estudiada la capacidad de pago de la víctima, cuya empresa presume de haber recolectado más de tres millones de toneladas de basura en 35 años de operación; sabían, incluso, que en mayo, dos meses después del percance, habían inaugurado con bombo y platillos sus nuevas instalaciones.
Las exigencias no pararon ahí. El preso después demandó cinco millones de pesos para él, y adelantó al empresario procesado que el arreglo para salir libre le costaría entre 10 y 15 millones adicionales. Todo ese dinero acabaría siendo transportado por avión —en efectivo, claro—, pues con la inseguridad en las carreteras corría el riesgo de no llegar a su destino.
Vale la pena decir, entre paréntesis, que quien manda en Durango no es la autoridad constituida, sino el grupo criminal de Los Cabrera, brazo de La Mayiza, del Cártel de Sinaloa. Con la guerra en marcha en el vecino estado, esa mafia ha adquirido una autonomía inusitada y ahora disputa a La Línea, grupo delincuencial dominante en Chihuahua, el corredor Aldama-Ojinaga para trasladar droga a Estados Unidos. Además, ha generalizado el cobro de piso en Durango y ha impuesto cuotas a toda la carga que se mueve por la entidad.
El empresario y su esposa recuperaron su libertad tras pagar el botín exigido. Su caso confirma que la corrupción ya no es una grieta, sino una metástasis que devora el poder público: cuando el crimen organizado dicta las sentencias, las instituciones mueren y la justicia se vuelve sólo un rehén más.