La reciente iniciativa de reforma constitucional enviada al Congreso para exigir la nacionalidad única como requisito obligatorio para aspirar a la Presidencia de la República o a una gubernatura nace con un pecado de origen: la invalidez de su causa.
En primer lugar, se trata de una propuesta que no responde a una demanda popular ni a un reclamo ciudadano articulado en la agenda pública. Es un empeño meramente partidista que irrumpe sin justificación social en la deliberación legislativa.
En segundo lugar, la iniciativa representa un retroceso evidente en la progresividad de los derechos humanos y políticos. Al pretender impedir el acceso a los más altos cargos a quienes posean otra nacionalidad, la reforma instaura una categoría de mexicanos de segunda clase. Se castiga y margina a ciudadanos por factores ajenos a su voluntad, decisión o mérito personal, pues en un mundo globalizado la obtención de una segunda nacionalidad suele responder a circunstancias fortuitas de nacimiento, vínculos familiares o historias de migración.
Asimismo, la desproporción de esta medida salta a la vista cuando se analiza su verdadero alcance demográfico. Es desatinado movilizar todo el aparato constituyente del país para aprobar una modificación a la Carta Magna cuya dedicatoria va dirigida a un grupo insignificante. En un país con más de 100 millones de ciudadanos con derecho al voto, la medida busca regular a las menos de 150 que, cada seis años, logran aparecer en las boletas electorales para competir por una gubernatura o por la Presidencia de la República. Modificar la ley suprema de la nación para acotar a un puñado de individuos revela una alarmante falta de sentido de prioridad legislativa.
Peor aún, el planteamiento ignora la realidad del derecho internacional y de la legislación comparada. La propuesta descuida el hecho insoslayable de que muchas nacionalidades adicionales adquiridas por nacimiento son jurídicamente irrenunciables según las leyes de los Estados emisores. De aprobarse, se estaría cerrando la puerta del servicio público supremo a mexicanos plenamente leales, sometiéndolos a una trampa legal imposible de subsanar por vías institucionales.
No estamos ante una preocupación genuina sobre la interferencia de intereses extranjeros en los asuntos públicos de México. Esta repentina obsesión por la pureza del origen contrasta severamente con el pasado reciente: en 2019, el propio movimiento oficialista promovió reformas legislativas para permitir que un ciudadano naturalizado asumiera la titularidad del Fondo de Cultura Económica, argumentando acertadamente que restringir derechos por la forma en que se adquirió la ciudadanía constituía una discriminación inaceptable.
Que hoy sostengan el postulado diametralmente opuesto para presuponer la lealtad patria según el origen del pasaporte exhibe un viraje de pura conveniencia política. La propuesta ostenta la clara dedicatoria de una reforma ad hominem, diseñada con el cálculo pragmático y coyuntural de vetar o inhabilitar candidaturas específicas rumbo a los próximos procesos electorales. Se legisla desde el temor y la ventaja partidista para minar a adversarios puntuales, no para fortalecer de manera sincera la soberanía de nuestras instituciones democráticas.
La historia universal demuestra la vacuidad de este argumento chauvinista. Basta mirar el ejemplo de Éamon de Valera, considerado un héroe nacionalista y padre de la República de Irlanda. Nacido en Nueva York y de padre español, De Valera jamás se dejó influenciar por su origen estadunidense ni por la estirpe paterna; lideró con patriotismo férreo la causa independentista irlandesa, habiendo ejercido en distintos momentos la jefatura del Estado y la del gobierno de su país. La historia está repleta de individuos que traicionaron vilmente a sus naciones sin haber tenido otra nacionalidad, así como de patriotas que sirvieron a su tierra con devoción pese a su lugar de nacimiento o la cuna de sus padres.
Al buscar imponer este veto excluyente, el oficialismo exhibe un complejo de inferioridad. Y revela desconfianza en la lealtad de sus ciudadanos y en la solidez de sus instituciones republicanas, prefiriendo la sospecha y la conveniencia sobre el principio constitucional de inclusión e igualdad ante la ley.