Informalidad y pobreza

El sutil pero inexorable avance de la informalidad laboral en México es un recordatorio de que las cifras frías de la economía a menudo esconden realidades humanas complejas y preocupantes. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi ha revelado que, al segundo ...

El sutil pero inexorable avance de la informalidad laboral en México es un recordatorio de que las cifras frías de la economía a menudo esconden realidades humanas complejas y preocupantes.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi ha revelado que, al segundo trimestre de 2025, la informalidad creció en 0.6 puntos porcentuales, sumando a 398 mil personas más a sus filas, y alcanzando un preocupante 54.8 por ciento de la población ocupada. Detrás de estos números hay historias de empleos precarios y futuros inciertos.

Los trabajadores en la economía informal, una categoría que va desde vendedores ambulantes hasta empleados sin contrato, operan en un limbo de derechos. Carecen de los beneficios básicos que una relación laboral formal otorga: seguridad de un contrato que proteja ante despidos injustificados, derecho a un salario mínimo y la posibilidad de tomar días por enfermedad sin el temor de perder ingresos. El sustento pende de un hilo, sujeto a la volatilidad diaria del mercado y a las circunstancias personales.

El crecimiento de la informalidad también representa un retroceso en la seguridad social. La mayoría de estos trabajadores no cotiza en el IMSS ni en el ISSSTE, lo que significa que no tienen acceso a servicios médicos y hospitalarios gratuitos. Para ellos, una emergencia de salud puede ser un desastre financiero. Además, el concepto de una jubilación digna es casi inexistente para ellos.

Este fenómeno pone en jaque los avances logrados en la lucha contra la pobreza. Aunque la informalidad puede ofrecer a las personas un ingreso inmediato, a menudo temporalmente superior al que podrían obtener en un empleo formal de bajo salario, esta aparente ventaja es una trampa. Este dinero en el bolsillo viene a costa de la ausencia de derechos laborales fundamentales y de la protección social.

El aumento de la informalidad es un problema multifactorial que requiere de una respuesta integral. No se trata de criminalizar a los trabajadores informales, quienes a menudo se encuentran en esta situación por falta de oportunidades formales. En cambio, es necesario enfocarse en políticas públicas que fomenten la formalización del empleo, ofreciendo incentivos fiscales y administrativos para que las empresas contraten de manera formal, y creando un entorno en el que los trabajadores informales puedan migrar a un empleo con plenos derechos sin perder su sustento.

Si desglosamos la informalidad laboral por entidades federativas, es muy claro que el porcentaje mayor está en los estados más pobres del país y viceversa, con lo que fácilmente se colige que existe una relación entre pobreza e informalidad.

En la medida en que ésta siga creciendo, el progreso social y económico de México seguirá siendo frágil. Es tiempo de enfocarnos en la calidad de los empleos que se crean. El bienestar de una nación no se mide sólo por la cantidad de dinero en la economía, sino por la seguridad y dignidad de la vida de sus ciudadanos. Y en ese sentido, la alarmante informalidad que vivimos hoy es un recordatorio de que aún nos queda un largo camino por recorrer.

BUSCAPIÉS

*“Ya les toca más a ustedes que a nosotros”, dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia, refiriéndose a que los medios podrían tener más éxito en descifrar las circunstancias del secuestro de El Mayo Zambada y su traslado a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, pues hasta ahora Washington no ha respondido a las peticiones de información que su gobierno ha hecho al respecto. Sin aceptar que el periodismo sustituya a la investigación judicial, el planteamiento es interesante, pues apunta a que los medios jueguen el papel que les corresponde: desentrañar la verdad. Para hacerlo, la cooperación de la autoridad no es indispensable, pero sí resulta útil. Para empezar, a mí me gustaría saber algo que no han respondido el gobierno federal ni el estatal: por qué el engaño que montó la fiscalía sinaloense sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén se quedó sin sanción penal. La Presidenta ha insistido en que se necesitan evidencias antes de inculpar a alguien. Pues bien, en ese caso sobran, y seguro podrían encontrarse más con sólo tirar del hilo.

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