Como mencioné en la entrega de ayer de esta Bitácora, la manera en que el crimen organizado se ha apoderado de regiones completas del país, para llevar a cabo sus actividades ilícitas, ha puesto en jaque la soberanía nacional. No es una exageración retórica; es la descripción de un Estado que cede su facultad más elemental –el control del territorio– a grupos que operan bajo sus propias leyes, códigos y, sobre todo, bajo su propio sistema tributario.
La soberanía se debe defender más que en los discursos y en las efemérides, como la del próximo 5 de mayo; se defiende garantizando que un campesino en Veracruz o un pescador en Baja California Sur puedan trabajar sin entregar su ganancia a un “socio” que sólo aporta violencia. La autoridad no debiera dejar indefensa a la gente frente a estas afectaciones que, al final del día, terminan por vaciar los bolsillos de quienes menos tienen.
El revelador reportaje que publicamos ayer en Excélsior sobre el llamado “impuesto del miedo” es una pieza necesaria para entender por qué la inflación en México tiene un componente que no aparece en los libros de economía clásica.
Cuando usted llega a la caja del supermercado y paga un kilo de cebollas o un par de aguacates, el recibo no refleja la extorsión que se pagó en la huerta, en el empaque y en el trayecto por carretera. Y, sin embargo, ésta existe.
Los datos son contundentes: el costo de los alimentos básicos se encarece entre 10% y 20% debido a este fenómeno. En regiones como Martínez de la Torre y Álamo, Veracruz, el crimen ya no sólo cobra por el producto de la cosecha, sino que administra la venta de fertilizantes. Esto no es delincuencia común; es, como bien señala el texto, una “administración criminal” que ha perfeccionado su esquema de despojo.
Investigaciones recientes de organismos como la Coparmex y el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM sugieren que la cifra negra en el delito de extorsión sigue siendo de casi 97%. Esto significa que lo que vemos en el reportaje es apenas la punta de un iceberg de proporciones sistémicas. En el último año, el costo del delito para las empresas en México alcanzó niveles históricos, obligando a los pequeños comerciantes a destinar hasta 15% de sus ingresos operativos únicamente a medidas de seguridad o pagos directos de derecho de piso.
Esta realidad distorsiona los mercados y anula la competencia. Está muy bien ayudar a los expendedores de gasolina para que puedan mantener estable el precio de los combustibles; es una medida necesaria para la estabilidad macroeconómica, pero la verdadera ayuda que se requiere es arrebatar a los criminales el control de regiones y sectores completos de la economía. De poco sirve un subsidio al diésel si, al salir a la carretera, el transportista debe pagar una cuota mayor a la que ahorró en la bomba de gasolina.
El trabajo de nuestros corresponsales ha puesto nombres y apellidos a esta crisis. No sólo hablamos de unos pesos de más en el precio del kilo de limón; hablamos de la destrucción del tejido social. La extorsión no sólo sube los precios, sino que provoca violencia y muerte. Los ocho productores asesinados en Veracruz en el último medio año, como Javier Vargas Arias, y el homicidio del líder citricultor Bernardo Bravo en Michoacán, son el recordatorio más doloroso de que este impuesto se cobra con sangre.
Cuando un campesino decide abandonar su tierra para emigrar a Canadá, como ocurre hoy en Álamo, el Estado mexicano pierde una batalla por su soberanía. Cada hectárea abandonada es una hectárea que ahora pertenece al dominio de la ilegalidad. La soberanía nacional no es un concepto abstracto que se guarda en una vitrina; es la capacidad de un pueblo de desarrollarse en paz.
Si la autoridad sigue permitiendo que el crimen organizado decida quién vende, a cuánto y en dónde, entonces la soberanía se vuelve simplemente un eco de lo que alguna vez fue. Es hora de que la seguridad pública sea tratada como la prioridad económica que realmente es.