Hipermercantilización criminal en México

La edición más reciente del Índice Global de Crimen Organizado (TOCI, por sus siglas en inglés) ha emitido una conclusión implacable: México ocupa el tercer lugar mundial en la materia, superado sólo por un Estado en colapso institucional total (Myanmar) y otro en conflicto civil (Colombia). Esta posición obliga a reconocer el fenómeno delincuencial como un problema sistémico de magnitud alarmante.

La metodología del TOCI se cimenta en dos pilares fundamentales. El primero es la Criminalidad, que evalúa la penetración del crimen y se compone de la intensidad de los Mercados Criminales y la influencia de los Actores Criminales. El segundo es la Resiliencia, que mide la capacidad del Estado para resistir y combatir esta amenaza.

La evaluación del TOCI revela un hallazgo crítico: la fuerza de la delincuencia organizada no reside tanto en sus participantes, sino en la amplitud y eficiencia de la economía ilegal. México ostenta el puntaje más alto en Mercados Criminales (8.27), superando al de sus Actores (7.10).

Esta desproporción indica que México es el principal centro de valor agregado ilícito en el mundo, impulsado por una mercantilización sin parangón. Como ha escrito en estas páginas José Elías Romero Apis, si un mafioso extranjero quisiera recomendar a su hijo un país para emigrar donde pueda hacer buenos negocios, lamentablemente su primera opción sería México.

El informe de TOCI apunta a una auténtica hipermercantilización criminal que va mucho más allá del narcotráfico clásico. La actividad delincuencial se concentra en puntajes máximos (9.00) en al menos cinco mercados interconectados: narcotráfico, sí, pero además extorsión, tráfico de personas, delitos ambientales, robo y contrabando de combustible y crímenes financieros.

Los cárteles mexicanos han evolucionado como entes económicos complejos. Su dominio de esta vasta red ilícita se ha dado, agrega el informe, por una Resiliencia estatal peligrosamente baja (4.50). El problema fundamental del país es la complicidad garantizada por los participantes incrustados en el Estado. Esta corrupción es estructural, extendiéndose del nivel municipal al federal, permitiendo la operación criminal. La infiltración policial y judicial transforma a las instituciones en facilitadores de los negocios ilícitos.

La crisis de gobernanza se refleja en la baja Integridad Territorial (3.00), indicando que vastas zonas geográficas están bajo control o influencia criminal efectiva. El Sistema Judicial (4.00) y la Aplicación de la Ley (5.00) son ineficientes y corruptos. La falta de apoyo a víctimas y la baja capacidad judicial aseguran la impunidad. La única variable que previene un colapso total es la Cooperación Internacional (7.00) con Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo, pero esta ayuda externa no compensa la corrosión interna.

El informe 2025 del TOCI obliga a reconocer que México es un centro de riesgo geopolítico y económico. La interdependencia tóxica con Estados Unidos (armas por fentanilo) representa una amenaza transnacional de primer orden. El reto principal no es la existencia de cárteles, sino la simbiosis entre el Estado y el crimen que asegura la impunidad estructural de sus mercados.

Para mitigar esta amenaza, la estrategia no debe limitarse a lo militar. Es imprescindible desmantelar los mercados cortando la capacidad de colusión del Estado. La única ruta viable es un fortalecimiento radical de la Integridad Territorial, la Transparencia Gubernamental y el sistema judicial, para desmantelar la capacidad del crimen de cooptar al Estado y frenar la economía ilegal más activa y diversificada del mundo.

BUSCAPIÉS

*Vivimos el otoño de nuestro descontento. Un rosario de grupos sociales ha decidido que ventilará sus inconformidades en la calle: extrabajadores del Poder Judicial, campesinos, transportistas, jóvenes de la llamada Generación Z y seguidores del asesinado alcalde de Uruapan… Esto sólo confirma la ausencia del diálogo.