Don Gilberto Bosques fue un destacado político y diplomático quien, entre 1939 y 1944 —siendo cónsul general de México en Francia—, apoyó a centenares de españoles republicanos y a judíos de diversas nacionalidades para obtener refugio en nuestro país.
Desde hace 15 años existe en el Senado de la República un centro de estudios que lleva su nombre. Dicha institución apoya a la Cámara alta en materia de política internacional mediante el enlace con organizaciones, expertos y el cuerpo diplomático, además de encargarse de la logística de los encuentros interparlamentarios, entre otras cosas.
Eso, en el papel. En los hechos, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques se ha convertido en un repositorio de recomendados, como pudo comprobar la reportera Leticia Robles de la Rosa en un trabajo publicado en estas páginas. Muchos de los que están en la nómina de la institución no tienen la menor experiencia en la materia que le da sentido y rara vez asisten a trabajar. Si esto no genera consecuencias, es porque tienen como padrino al senador Adán Augusto López Hernández.
Es el caso de Salvador Caro Cabrera, quien dirige el Centro desde febrero pasado. El exjefe del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco y excomisario de la Policía de Guadalajara devenga un salario de 178 mil pesos brutos al mes, pese a que rara vez se encuentra en su oficina, de acuerdo con la investigación.
Otro de ellos es José Antonio Álvarez Macías, quien funge como subdirector de Enlace con el Cuerpo Diplomático. Él trabajó en Tabasco como director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza durante el tiempo en que López Hernández era gobernador.
En esa capacidad, “fue el responsable de certificar a los policías que trabajaron bajo las órdenes de Hernán Bermúdez Requena”, señala el texto de Robles de la Rosa, refiriéndose al personaje que López Hernández nombró como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, y quien resultó ser el jefe del grupo criminal La Barredora.
De acuerdo con el expediente en contra de Bermúdez Requena —extraditado de Paraguay y actualmente recluido en el penal federal de El Altiplano—, durante su gestión utilizaba a los elementos bajo su mando para delinquir no sólo en Tabasco, sino en otros estados del sureste.
¿Sabrán los embajadores acreditados en México que la persona encargada del enlace entre el Senado y el cuerpo diplomático se dedicaba, hace apenas un lustro, a certificar a los policías tabasqueños que traficaban con drogas y combustible, además de extorsionar, secuestrar y asesinar?
Como he escrito aquí, llama mucho la atención que Bermúdez Requena se encuentre en El Altiplano acusado de delitos muy graves, pero que quien lo nombró en la posición que le permitió cometer esos crímenes no haya sido molestado siquiera para recabar su testimonio. Y como si eso no bastara, al hoy senador López Hernández se le permite colocar a sus allegados en una institución que lleva el nombre de Gilberto Bosques: individuos sin experiencia alguna en política internacional —entre ellos el exjefe policiaco Caro Cabrera y el excertificador de policías Álvarez Macías— que cobran sin presentarse a trabajar.
Y mientras a López Hernández nadie lo llama a declarar para preguntarle qué sabía de las actividades de Bermúdez Requena, al exsenador y exgobernador bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel lo tienen en El Altiplano acusado de evasión fiscal.
Es decir, en la misma prisión donde se encuentran Bermúdez Requena y los recientemente encarcelados Ramón Ángel Álvarez Ayala (El R1), señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde uruapense Carlos Manzo, y Alfonso Fernández Magallón (Poncho La Quiringua), jefe del Cártel de Los Reyes por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.
Hay cosas que no son parejas. Deliberadamente, lo más seguro.