El último clavo en el ataúd de la autonomía

La renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República (FGR), y su virtual exilio diplomático, se alzan como un signo delicado sobre la salud del Estado de derecho en México y, de manera particular, sellan el destino de la ya moribunda autonomía de las fiscalías. Esta decisión no es un mero cambio de guardia; es la estocada final al efímero intento de despartidizar la procuración de justicia, cosa que, a nivel estatal, ya había sido desmantelada por la voracidad política.

La autonomía de las fiscalías estatales ha sido una farsa desde hace tiempo. En los estados, los gobernadores han pasado por encima de cualquier vestigio de separación de facultades, imponiendo a individuos a modo al frente de estas cruciales dependencias. La velocidad y la frecuencia de estos cambios son espeluznantes. En una entrega de esta Bitácora, en mayo de 2024, encontré que 21 de los 32 titulares de fiscalías estatales habían sido nombrados en el último año, tras la renuncia o remoción de sus predecesores. Esta cifra no es accidental; es la radiografía de una captura institucional donde la ley es una herramienta de la facción gobernante y no un principio universal.

El movimiento que hoy gobierna el país, y que prometió una transformación profunda de las instituciones, ha perfeccionado el uso político de la procuración de justicia. El caso de la FGR no ha sido la excepción, sino la culminación de un proceso. Es una ironía lacerante que haya sido el senador Adán Augusto López Hernández quien, se rumora, aceleró la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, y no al revés.

López Hernández, figura central del oficialismo, enfrenta acusaciones serias derivadas del nombramiento, al frente de la policía estatal de Tabasco, de Hernán Bermúdez, quien posteriormente resultó ser un presunto jefe criminal. Que alguien con tales señalamientos sea quien ponga fin a la era Gertz subraya la hipocresía que impregna la relación entre el poder político y la justicia en México.

Ya sabíamos, con escalofriante detalle, cómo utiliza el oficialismo a las fiscalías para sus fines. El bochornoso caso de Sinaloa es un recordatorio imborrable. Allí, la fiscalía estatal ha sido señalada de encubrir el asesinato del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén en julio de 2024. Ese incidente reveló la disposición de las instituciones de justicia para actuar como protector del grupo en el poder. La consigna parece ser que la ley se aplica para los adversarios, y la impunidad, para los propios.

Cualquiera que sea el sucesor o sucesora de Gertz en la FGR —se puede suponer con un alto grado de certeza— no tendrá como preocupación primordial procurar la aplicación de la ley de manera imparcial, sino usarla para beneficio del movimiento gobernante y de su proyecto político. La justicia se convierte en una divisa de negociación, en un arma de ataque y en un escudo de defensa.

La ironía es doble. Hace años, cuando este movimiento era oposición, rechazó a Raúl Cervantes cuando fue propuesto para pasar de la extinta PGR a la FGR, argumentando que era cercano a la Presidencia. Hoy, el concepto de “fiscal carnal” no sólo se ha aceptado, sino que se ha normalizado e institucionalizado a lo largo y ancho del país. La figura que emerja de este proceso será, por definición, fiscal del gobierno, no el de la República.

El garlito de la sustitución de Gertz es un signo preocupante —especialmente por quien parece haberla operado— que se suma a una serie de malas señales enviadas por el Estado mexicano. Se junta con la reforma judicial que busca politizar la judicatura, la degradación sistemática del juicio de amparo —última trinchera de los ciudadanos— y los intentos por volver retroactivos los fallos de los tribunales. Todos estos movimientos erosionan la predictibilidad y la certeza legal, elementos esenciales para atraer y retener inversiones.

La partida de Gertz no abre una oportunidad para la regeneración de la justicia; cierra el capítulo de la ficción de su autonomía. Lo que queda es la confirmación de que en México la ley es un instrumento del poder, no su límite.