El escándalo de Adán, ahora en la cancha de Raquel Buenrostro

La reciente revelación periodística sobre los ingresos del senador Adán Augusto López Hernández ha expuesto una flagrante anomalía que desafía la narrativa oficial de combate a la corrupción y eficiencia recaudatoria, por no hablar de su supuesto compromiso con la austeridad, un discurso que ya huele a rancio.

Se ha documentado que el exgobernador de Tabasco recibió 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, por concepto de “servicios profesionales”, de parte de empresas que fueron contratistas en su gobierno estatal e incluso una de ellas señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como “fantasma”.

A reserva de que se confirme cuánto de esos ingresos declaró ante las autoridades hacendarias y si pagó los impuestos correspondientes, su justificación para fungir como prestador de servicios de empresas que tuvieron que ver con su gobierno en Tabasco desafía toda lógica.

“Nunca firmé (un contrato) personalmente, esa no era mi función”, ha dicho el legislador. “Los procesos de contratación los llevan las áreas administrativas del gobierno. Si después esa empresa me contrató como notario o asesor, no hay conflicto de interés: recibí pagos por servicios profesionales, no dádivas”, ha insistido.

Es aquí donde se vuelve central en esta trama la figura de una de las integrantes del gabinete federal de quien poco se ha hablado: Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ella fue jefa del SAT durante el sexenio pasado, entre 2020 y 2022, y a partir del 1 de octubre de 2024 se volvió cabeza del propósito de promoción de la honestidad en el servicio público que dice tener este gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han elogiado públicamente a Buenrostro por su honradez y eficacia. “Es una mujer incorruptible (…) quien, en el lugar donde ha estado, se ha desempeñado de una manera sobresaliente”, dijo Sheinbaum sobre ella cuando anunció que la había invitado a formar parte de su gabinete, el 27 de junio de 2024.

Este caso pone a prueba la solidez de esos calificativos y el compromiso real de la nueva dependencia, que sustituyó a la Secretaría de la Función Pública, que, a su vez, reemplazó a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, creada ésta en 1982 al calor de la Renovación Moral del presidente Miguel de la Madrid.

Buenrostro debe pronunciarse sobre este caso. Debe abordar los potenciales conflictos de interés que enfrenta Adán Augusto, quien ha combinado diversas fuentes de ingreso: notario público, gobernador, secretario de Gobernación y, ahora, senador de la República, además de prestador de “servicios profesionales”, sin que quede claro dónde termina una actividad y dónde comienza la otra.

La ironía es mayúscula. El propio López Obrador criticó en su momento a los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón por trabajar como consejeros o asesores de empresas a las que beneficiaron durante sus mandatos, tachando su actuar de “inmoral, si no es que ilegal”. Adán Augusto, sin embargo, no esperó siquiera a salir del servicio público para establecer una relación económica con ese tipo de empresas.

Él mismo ha contribuido a la suspicacia al afirmar que no estuvo enterado de quiénes eran los contratistas de su gobierno, mismo alegato de ignorancia que ha esgrimido para desmarcarse de su exsecretario de seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena. Lo más grave es que toda esta información ha salido a la luz gracias a investigaciones periodísticas, y no por la acción de las autoridades, como debió haber sido.

El balón está en la cancha de Raquel Buenrostro. De su actuación en este caso, que toca a una figura central del movimiento gobernante, dependerá la credibilidad de la nueva secretaría y del discurso anticorrupción de la autodenominada Cuarta Transformación.