En los primeros 23 meses de la actual administración federal, han sido detenidas cada día en promedio 96 personas “por delitos de alto impacto”.
El dato se desprende de la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, en la que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rindió un informe de resultados a nombre del Gabinete de Seguridad.
“Del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, han sido detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto”, dijo el funcionario. Y agregó: “Son personas que ya no pueden continuar generando violencia ni dañando a la población”.
Siempre me ha llamado la atención la presentación de esa cifra, que se ha usado como botón de muestra para argumentar que la estrategia contra la inseguridad está funcionando.
Por un lado, porque el número oficial de detenidos resulta difícil de encajar en las estadísticas que publica el Inegi, año con año, en el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE). Además, no se especifica la razón por la que dichas personas ya no pueden dañar a la sociedad; si es porque todas están bajo proceso o en prisión.
Por otro lado, a causa de la terminología. Primero, porque, como puede leerse en el texto citado arriba, se dice que fueron detenidos “por delitos de alto impacto”, enunciación ambigua que prejuzga culpabilidad. Segundo, porque esa terminología no está presente en la Constitución ni en los códigos penales del país. Incluso puede alegarse que, por su frecuencia, la violencia criminal ha dejado de impactar y se ha normalizado. En el caso del reciente crimen de Atizapán, hubo a quien le impactó más que se haya dado muerte a la mascota de la familia que la ejecución a sangre fría de cuatro personas.
Lo que sí está establecido en nuestro marco legal son los delitos graves. Dicha expresión existió en la Constitución sólo para el fuero militar, para normar la pena capital, hasta que con una reforma en 1993 —redactada por el entonces consejero jurídico de la Presidencia, José Elías Romero Apis, compañero de estas páginas— se le incluyó en la materia procesal penal con el fin de suprimir el parámetro de la pena media aritmética para la aplicación de la prisión preventiva.
En cuanto a las personas que el Gabinete de Seguridad dice haber detenido por ese motivo —más de 67 mil 200, al 31 de agosto pasado—, no queda claro dónde están. Si por delitos de alto impacto entendemos delitos graves, es probable que estén en prisión preventiva, en términos del artículo 19 constitucional. Sin embargo, los datos del CNSIPEE no permiten asegurarlo.
Y es que, de acuerdo con las cifras que se han compartido en las conferencias matutinas, los tres primeros meses del sexenio cerraron con cerca de siete mil detenidos (el 17 de diciembre de 2024 se informó que iban 6 mil 745). El 8 de enero de 2026 se dijo que, al 31 de diciembre de 2025, la cifra sumaba 40 mil 735. Eso quiere decir que en todo ese año se dieron alrededor de 33 mil detenciones.
De acuerdo con el más reciente CNSIPEE, al finalizar 2025 había 231 mil 436 personas privadas de la libertad —97 mil 90 de ellas sin sentencia (41.95%)— en 327 centros penitenciarios estatales y federales. De ellas, 157 mil 457 ingresaron en ese año. Por supuesto, en ese grupo pueden estar los 33 mil y fracción detenidos “por delitos de alto impacto”, pero tampoco debe descartarse que estén entre los 136 mil 535 que salieron de prisión en el mismo lapso, o que parte y parte se encuentren en sendas categorías.
Total, los datos no nos permiten establecer dónde se encuentran esos 67 mil 200 detenidos, si todos están en la cárcel o algunos están en libertad, cuántos están bajo proceso y cuántos fueron eximidos de culpa. Es más, ni siquiera sabemos si esos 67 mil son muchos o pocos respecto de los que siguen delinquiendo.
El gobierno federal debe a la ciudadanía un listado mucho más detallado de sus acciones para poder determinar, sin margen de error, qué tanto se está avanzando en la lucha contra la impunidad, fenómeno que está en el centro de la inseguridad que padecemos.