¿Dónde está el almirante? Búsquenlo en el green

Pascal Beltrán del Río

Pascal Beltrán del Río

Bitácora del director

En el universo burocrático de la Fiscalía General de la República (FGR) existen misterios insondables que desafían la lógica investigativa. El más reciente implica al almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, a quien la institución asegura que no puede encontrar.  

Agentes del Ministerio Público federal han sostenido ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega que el exfuncionario está ilocalizable para entregarle un citatorio como testigo. Sin embargo, la ceguera institucional choca de frente con la realidad: como reveló la periodista Pilar Mansilla en el diario Ovaciones, al almirante no hay que buscarlo con drones ni inteligencia militar, sino en el green del Club Campestre de la Ciudad de México, donde prácticamente cada sábado se le puede ver practicando su swing.

Eso sí, tras el impacto de la revelación periodística, la rutina se rompió. Según confirmó un socio del mismo club con el que se pudo hablar este fin de semana, Ojeda no acudió a jugar por primera vez en mucho tiempo. Parece que el ruido mediático logró lo que las notificaciones judiciales no pudieron: alterar la agenda del almirante. La nota evidenció que la FGR no localiza a Ojeda porque, sencillamente, no tiene el menor interés en dar con él.

El caso roza el absurdo cuando se revisa cómo ingresó en el exclusivo club. Para convertirse en socio residente, Ojeda necesitó —de acuerdo con el reportaje de Mansilla— realizar un desembolso inicial que ronda los dos millones de pesos y mensualidades de 30 mil, además del respaldo de cartas de recomendación de empresarios beneficiados con contratos que otorgó la propia Marina por asignación directa durante el sexenio pasado. Semejante gasto demuestra, una vez más, que la famosa austeridad republicana es un mito elaborado para el consumo popular, mientras los encumbrados funcionarios y representantes de la autodenominada Cuarta Transformación se dan la gran vida, repitiendo el desgastado estribillo de “primero los pobres”.

Pero el fondo del asunto es más oscuro y retrata la hipocresía del movimiento gobernante tanto en la austeridad como en el respeto al Estado de derecho. La resistencia a llevar a declarar a Ojeda ocurre a pesar de que la defensa de sus sobrinos políticos, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ha solicitado formalmente interrogarlo para que aclare firmas en documentos oficiales. 

En el esquema de huachicol fiscal que se imputa a los sobrinos políticos de Ojeda, resulta imposible que dos mandos intermedios fueran los únicos arquitectos de una red de defraudación multimillonaria sin la anuencia superior. Reportajes de investigación han documentado que desde 2021 se enviaron alertas directas al alto mando naval sobre el contrabando de combustible en aduanas; lejos de investigar a fondo las estructuras de poder, la respuesta institucional fue el aislamiento de las denuncias.

Todo indica que la FGR prefiere el espectáculo a la sustancia. Recientemente, la dependencia informó sobre el “hallazgo” de una bodega con pertenencias de Fernando Farías Laguna, presentado como un golpe novedoso. La defensa de los imputados no tardó en aclarar que la inspección ocurrió a principios de año y que no existen en ella los documentos confidenciales cuyo ocultamiento se atribuye al excontralmirante. Junto a este manejo sesgado, el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén termina de retratar el actuar de la fiscalía. Es inentendible que a dos años del crimen sólo exista un detenido —el asistente de la víctima— y que no se haya llamado a cuentas ni al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ni a la exfiscal estatal Sara Bruna Quiñónez que avaló el montaje de la gasolinería. 

La FGR practica una justicia selectiva evidente: mientras los adversarios políticos terminan encerrados en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, los compañeros del movimiento juegan golf, comen en “grandes restaurantes”, se divierten o viajan en jets privados con cargo a contratistas, usan prendas de lujo, beben vinos de 20 mil pesos la botella, manejan autos de alta gama o descansan plácidamente en sus casas.