Desaparecidos: hay que dejar de negar la crisis

Hacer caso omiso de los problemas nunca es la manera de resolverlos. Y, sin embargo, ésa fue la vía por la que optó el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar las desapariciones de personas que escalaron durante su sexenio.

Quizá porque sabía, a partir del caso Ayotzinapa, lo dañino que podía ser políticamente este fenómeno, López Obrador decidió no reconocer su gravedad.

Ante reiterados llamados para que recibiera a los colectivos de búsqueda –cuya labor ha sido fundamental, ante la inacción de las autoridades, para conocer qué sucedió con un gran número de desaparecidos–, el mandatario siempre se negó.

“No permitimos que se utilicen estos casos, tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros”, justificó en agosto de 2023, con motivo de la realización de la Marcha de la Dignidad Nacional/Madres buscando a sus hijas e hijos.

“Es que hay, la verdad, mucha manipulación de los medios. Es una campaña en contra, utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno”, añadió el tabasqueño.

“No estamos en la grilla, no somos oposición”, le contestaron desde los grupos de búsqueda. “Somos madres y familias rotas por el dolor. Sólo queremos saber qué pasó con nuestros seres queridos”. Inconmovido, López Obrador rechazó una y otra vez reunirse con ellos.

En 2023 desaparecieron 10 mil 405 personas en México, de acuerdo con datos oficiales. Ya para concluir el año, el mandatario anunció que se realizaría un nuevo censo, pues, según él, muchos de los casos que aparecían en el Registro Nacional en la materia ya habían sido resueltos. Para los colectivos, ésa fue una señal de negación del problema.

Pero pese al nuevo conteo que se anunció, la acumulación de los ausentes continuó su marcha hasta llegar a un total de 53 mil 953 casos al final del periodo de gobierno.

 Sin haber desarrollado una política pública para atender la grave situación –que sucede en el contexto de una violencia criminal que dejó 200 mil homicidios el sexenio pasado–, y sin otra respuesta más que el silencio y el desdén, López Obrador heredó el problema de las desapariciones a su sucesora.

El resultado ha sido que ya se llegó a 41 desapariciones en promedio al día en lo que va del sexenio, contra 30 que había en el mismo periodo de un año antes, un crecimiento de 37 por ciento.

La presidenta Claudia Sheinbaum debe tomar en cuenta lo sucedido con su antecesor. Desoír los llamados de auxilio y los justos reclamos de las madres buscadoras no ha logrado otra cosa que el crecimiento del problema, que ya es una crisis de dimensión nacional.

El sábado está convocada una vigilia en el Zócalo capitalino para crear conciencia sobre la situación de los desaparecidos. Ésta ha vuelto a captar la atención de la opinión pública por el hallazgo –en Teuchitlán, Jalisco– de lo que fue un campo de exterminio operado por el crimen organizado.

La Presidenta podría aprovechar la ocasión para cambiar la relación entre el gobierno y los colectivos de búsqueda, encontrándose con ellos y convocando a la sociedad a coadyuvar en la solución del problema.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es una buena guía para entenderlo, pues proporciona datos muy precisos respecto de qué estados y hasta qué municipios son los más afectados, igual que de los grupos de edad en los que ocurren las sustracciones.

Por ejemplo, se podrían desarrollar políticas públicas para prevenir el secuestro de jovencitas de entre 15 y 17 años de edad, uno de los grupos con mayor número de desapariciones. 

Dado que la Presidenta está preocupada por la imagen del país y por impedir que la soberanía sea vulnerada, es urgente enfrentar a los cárteles que practican el tráfico de personas y el reclutamiento forzoso, actividades que causan un buen número de desapariciones, y que se valen hasta de crematorios clandestinos para consumar sus crímenes sin dejar huella.

Hacer como que el problema no existe simplemente no es opción.