Derechos de ayer, injerencias de hoy

Mientras estuvieron en la oposición, los morenistas y sus ancestros ideológicos no tuvieron problema con que los mexicanos acudieran ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar violaciones a sus garantías que no eran reparadas por los tribunales en México.

Esa posibilidad se abrió desde hace ya rato. En 1981, para ser precisos, cuando este país se adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Fue el Partido de la Revolución Democrática, sobre cuya base se fundaría Morena, el promovente de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la matanza de Aguas Blancas, ocurrida en junio de 1995, y que derivó, dos años después, en una recomendación de ese organismo de la OEA.

Leo en los archivos de La Jornada, una nota publicada por la reportera Rosa Icela Rodríguez, el 15 de marzo de 1997, que dice lo siguiente: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA formuló una primera recomendación al gobierno mexicano para remediar las violaciones a los derechos humanos en el caso de los 17 campesinos asesinados en el vado Aguas Blancas. La Comisión envió ayer la notificación al asesor jurídico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y representante legal de las víctimas, Samuel del Villar (…) En entrevista, Del Villar se manifestó satisfecho con la recomendación que no sólo rechazó la petición del gobierno de México para no tomar en cuenta la denuncia del PRD, sino que atendió la solicitud de los abogados de las viudas”.

En aquel año, Andrés Manuel López Obrador era presidente del PRD, partido que no tuvo inconveniente en enviar a Washington —sede de la Organización de Estados Americanos y de la CIDH— a su asesor jurídico para denunciar al Estado mexicano (que no al gobierno de México) por los hechos ocurridos en Aguas Blancas. (Por cierto, ese homicidio múltiple provocó la caída del gobernador guerrerense Rubén Figueroa, una medida que el actual oficialismo se resiste a tomar en el caso de varios de sus gobernadores).

Es más, el PRD que dirigía López Obrador apoyó que el presidente Ernesto Zedillo, previo aval del Senado, reconociera en diciembre de 1998 la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que México había dejado pendiente al suscribir la Convención Americana.

El 25 de noviembre de 1998, el entonces diputado perredista Benito Mirón Lince —hoy morenista— propuso un punto de acuerdo, que fue aprobado, para comunicar al Senado el “beneplácito” de la Cámara baja para dicho reconocimiento.

Por eso sorprende que el actual oficialismo se indigne cuando un mexicano o un grupo de mexicanos acude a Washington para usar los mecanismos del Sistema Interamericano. Ése es un derecho que para nada implica no amar al país ni pedir la injerencia extranjera en los asuntos nacionales, sino simplemente recurrir a lo plasmado en la Convención Americana, un tratado internacional al que México se adhirió hace 44 años y cuyo peso está reconocido en la propia Constitución.

Dice el artículo 1º de la Carta Magna: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. Uno de esos tratados es la Convención Americana.

Quizá el morenismo, ahora que es gobierno, se siente incómodo con la adhesión a ese instrumento del derecho internacional. Lo digo no sólo por los recientes comentarios sobre los mexicanos que acuden ante la CIDH, sino también porque se ha negado a cumplir dos sentencias de la Corte Interamericana, que no son opinables, para dejar sin efecto en su marco legal la figura de la prisión preventiva oficiosa.

Si al oficialismo le incomoda tanto ser parte del Sistema Interamericano, tiene los votos en el Legislativo para sustraerse. Pero mientras México sea parte de él, cualquier mexicano que sienta que sus derechos han sido violados tiene la facultad para pedir justicia “en Washington” cuando ésta le ha sido negada en su propio país.