El discurso oficial se ha convertido en una sofisticada arquitectura de deslinde. Ante el demoledor informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, el gobierno federal ha ensayado una respuesta que busca blindar la narrativa de la “transformación”: la premisa de que el Estado, como ente abstracto y superior, ya no desaparece personas, y que la tragedia actual es responsabilidad exclusiva de un “crimen organizado” que opera en el vacío.
Bajo esta lógica, la desaparición forzada –aquella que implica la participación, el apoyo o la aquiescencia de agentes estatales– se presenta como un vicio del pasado, una práctica erradicada por decreto de honestidad. Sin embargo, este argumento se desmorona cuando se confronta con la realidad de los territorios donde la distinción entre la oficina de gobierno y la casa de seguridad se ha vuelto imperceptible.
Afirmar que el Estado está libre de culpa porque no existe una instrucción centralizada para reprimir es una verdad a medias que funciona como una mentira completa. La desaparición en el México contemporáneo ha mutado hacia un modelo de gobernanza criminal donde la estructura institucional es, a menudo, el brazo ejecutor o el escudo protector de los grupos delictivos.
En vastas regiones del país, la delincuencia organizada no es un actor externo que desafía al orden establecido; es el orden establecido. Cuando un grupo criminal decide quién puede ser candidato, quién debe ser el jefe de la policía municipal y qué patrulleros deben mirar hacia otro lado mientras se lleva a cabo un levantón, la naturaleza del acto no deja de ser forzada. En esos contextos, la desaparición es el resultado de una simbiosis donde el uniforme y el arma ilegal sirven al mismo patrón. El Estado no puede declararse ajeno a una realidad que sus propias omisiones y complicidades han permitido gestar.
El informe de la ONU no es una afrenta a la soberanía, sino una radiografía del abandono. Al desplazar toda la carga de la violencia hacia las bandas criminales, el gobierno federal intenta sacudirse la responsabilidad, pero al hacerlo, confiesa una claudicación alarmante. Si el Estado admite que la delincuencia es la única responsable, pero se muestra incapaz de evitar que ésta controle las policías locales, las fiscalías o los registros civiles, está reconociendo que ha perdido el control del territorio. No obstante, la realidad es más oscura: no se trata sólo de una falta de capacidad, sino de una integración de intereses.
La impunidad galopante es el pegamento que mantiene unido este sistema. Cuando un ministerio público desincentiva una denuncia o cuando una fiscalía estatal “pierde” las muestras de ADN de una fosa, el Estado no es un espectador pasivo; es un cómplice activo del ocultamiento. La desaparición forzada moderna se nutre de este silencio institucional, haciendo que el rastro de la víctima se pierda en un laberinto de sellos oficiales y complicidades no dichas.
Esta narrativa de deslinde resulta especialmente hiriente para las familias de los desaparecidos, quienes son los verdaderos expertos en la geografía del horror. Ellas saben, por experiencia directa, que las patrullas municipales a veces escoltan los convoyes de los captores. Ellas han visto cómo las denuncias contra mandos locales terminan en el escritorio de los mismos señalados. Para una madre que busca a su hijo, la distinción técnica entre un sicario y un policía corrupto es irrelevante cuando ambos operan con el mismo nivel de impunidad.
En última instancia, el discurso de que “ya no somos iguales” se estrella contra la evidencia de una gobernanza compartida. El gobierno puede seguir recitando estadísticas y rechazando las recomendaciones de organismos internacionales, pero mientras la frontera entre la delincuencia y la autoridad siga siendo casi invisible, el Estado seguirá siendo el responsable.
El fenómeno de la desaparición no se resuelve cambiando el nombre del culpable en el discurso público, sino desmantelando las estructuras que permiten que el poder sea capturado por los intereses de la violencia.