La iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum deberá presentar en las próximas semanas al Congreso despierta inquietudes legítimas sobre el rumbo democrático de México.
No se trata de una desconfianza abstracta, sino de la lectura del pasado reciente, en la que el oficialismo ha ido desmontando los controles que se acumularon a lo largo de décadas y que permitieron a Morena acceder al poder en 2018.
El mayor riesgo es que esta nueva reforma electoral —de cuyo diseño se ha apartado a la oposición y a la sociedad civil organizada— termine pareciéndose a la de 1946, que cimentó el control gubernamental sobre las elecciones.
La reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión el 30 de diciembre de ese año y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1947, en el arranque del gobierno de Miguel Alemán Valdés. No fue una reforma menor ni técnica: redefinió de raíz el sistema electoral. Su pieza central fue la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, presidida por el secretario de Gobernación. En los hechos, el Ejecutivo federal pasó a organizar, vigilar y calificar las elecciones.
La consecuencia fue inmediata y duradera. Al centralizar los comicios en manos del gobierno, la reforma de 1946 legalizó el control gubernamental sobre las elecciones, eliminó la autonomía del árbitro electoral y convirtió el voto en un ritual sin alternancia real. Las elecciones se celebraron con regularidad, pero la competencia quedó severamente limitada. Así se consolidó el sistema de partido hegemónico del PRI, que ofreció estabilidad política y económica a cambio de restringir el pluralismo.
Con el paso de los años, el propio régimen tuvo que reconocer los costos de esa decisión. La ausencia de competencia y la certeza del resultado produjeron un enorme abstencionismo y una creciente desconexión entre ciudadanía y sistema político. En respuesta, el gobierno impulsó en 1964 una reforma de carácter aperturista, aún tímida, que buscó introducir algunos mecanismos de representación para las minorías. No desmontó el control del Ejecutivo, pero admitió implícitamente que el modelo de 1946 había agotado su legitimidad.
En las antípodas de esa lógica se encuentra la reforma política de 1977. Ésa sí significó una apertura real: amplió el registro de partidos, introdujo la representación proporcional y abrió las puertas a la competencia política. Fue el inicio de un largo proceso de desmontaje del sistema cerrado, que continuó con la creación del IFE en 1990, su ciudadanización en 1996 y, finalmente, la alternancia presidencial en 2000. Todos esos cambios tuvieron un hilo conductor: quitarle al gobierno el control de las elecciones.
Por eso hay pocos motivos para el optimismo en 2026. El contexto político sugiere que podríamos estar caminando en sentido inverso, hacia el establecimiento de un modelo electoral nuevamente cerrado, que termine por abolir o vaciar de contenido los controles construidos desde 1977, especialmente los que se implantaron en 1996.
No ayuda que esta vez se haya formado una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral integrada exclusivamente por personajes del oficialismo, que realizó una pantomima de consulta sin pluralidad ni debate sustantivo con la sociedad.
Tampoco es irrelevante el clima ideológico. En amplios sectores del oficialismo hay una simpatía abierta por regímenes autoritarios, no por la democracia liberal. Eso ayuda a explicar por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no criticó en lo más mínimo el fraude electoral en Venezuela en 2024, que permitió a Nicolás Maduro permanecer en el poder. Cuando se normaliza el fraude ajeno, se vuelve más fácil relativizar las reglas propias.
La historia de 1946 ofrece una lección clara. Aquella reforma no fue un accidente ni un error técnico: fue una decisión política consciente para concentrar el poder. Sus consecuencias se arrastraron durante décadas y sólo pudieron corregirse con reformas de apertura posteriores. Repetir hoy esa lógica sería un retroceso histórico, de ochenta años. La democracia mexicana no se fortalecerá cerrando el sistema, sino preservando —y mejorando— los contrapesos que costó medio siglo construir.