Ataques ad hominem: versión 4T de censura

Al hacer la defensa de su iniciativa de ley de telecomunicaciones, la Presidenta de la República aseveró que la redacción del artículo 109 –que, en su versión original, permite a “las autoridades competentes” solicitar el bloqueo de plataformas digitales– no implica que su gobierno quiera censurar contenidos desfavorables. “Nada tiene que ver con la censura (…) Si se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y, en todo caso, que se quite el artículo, se modifique la redacción, para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie”, manifestó en su conferencia de prensa del 25 de abril.

Sin embargo, la discusión no quedó ahí. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la oficina en México de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, lanzó un llamado al Senado, a que garantizara espacios de consulta y a considerar estándares internacionales en libertad de expresión y de información, entre otros.

Parecía que el tema dominaría por largo rato el debate público –incluso a pesar de que el Senado acató la petición de Sheinbaum de modificar el dictamen que estaba a punto de ser votado por el pleno en las horas finales del periodo ordinario de sesiones–, pero la publicación de un ensayo escrito por Ernesto Zedillo y una entrevista con el propio expresidente, en los que éste acusó que el oficialismo estaba desmantelando la democracia y la división de Poderes, permitió al gobierno soltar esa papa caliente y cambiar de polémica.

A partir de ese momento, y con todo y que las revistas Letras Libres y Nexos, que dieron voz a Zedillo, son publicaciones para el consumo del círculo rojo, la Presidenta se lanzó en una campaña abierta contra él, acusándolo de todo: desde ser el nuevo vocero de la oposición, de haber provocado el endeudamiento del país con motivo del rescate bancario de 1995 y hasta de represor.

A lo largo de la semana, dedicó buena parte de sus mañaneras a hablar del sexenio de Zedillo, un expresidente del que rara vez se habían ocupado ella y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo considerando la fijación que ambos tienen por los presidentes surgidos del Partido Acción Nacional: Felipe Calderón y Vicente Fox.

Incluso integró en el linchamiento de Zedillo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, una institución que tiene la capacidad de revisar y congelar cuentas personales, y que ha sido usada desde 2018 a la fecha para acalambrar a personajes que resultan incómodos para el gobierno. Los líderes parlamentarios de la mayoría, que con frecuencia se han distanciado de la Presidenta, esta vez hicieron tándem con ella, llamando a que se investigue desde el Congreso la manera en que operó el Fobaproa, mecanismo mediante el que se convirtieron en deuda pública los pasivos de una docena de bancos privados con el fin de salvar el dinero de los ahorradores.

Es verdad que una de las razones por las que se ha prolongado esta discusión es porque Zedillo decidió no quedarse callado –a diferencia de lo que suelen hacer los otros expresidentes cuando se vuelven tema de conversación en Palacio Nacional– y respondió punto por punto a las críticas recibidas, exigiendo que, si se trata de auditorías, éstas se hagan también a las obras emblemáticas del sexenio pasado, a las que calificó de inútiles. Aun así, uno tiene que preguntarse por qué decidió la Presidenta subirse al ring con un antecesor que gobernó hace tres décadas. El viernes pasado, en plática en Imagen Radio con mi compañero de páginas José Elías Romero Apis, gran conocedor de los entretelones de la política mexicana, concluimos que el ganador de este desencuentro sería Zedillo, pues, como dice él, “cuando un presidente se pelea en público con alguien, como es menor en tamaño, siempre sale beneficiado el retador”.

En todo caso, la bronca con Zedillo permitió poner de lado temas espinosos, como la ley de telecomunicaciones y los pronósticos negativos para el crecimiento económico, pero también mostró lo lejos que está dispuesto a llegar el gobierno para tratar de acallar a sus críticos.