Zacatecas: de la advertencia a la emergencia

Por Carlos Matienzo

Hace ya cinco meses, en estas mismas páginas de Excélsior, advertíamos que Zacatecas debía ser motivo de alerta por el incremento de los conflictos criminales que ahí se desarrollaban. En aquellos días, se hablaba de que esa entidad había alcanzado los 55 asesinatos por cada 100 mil habitantes (tasa anualizada) en el primer semestre de 2020. Hoy, en el arranque de 2021, Zacatecas ya dobló esos niveles de violencia y se coloca en el primer lugar nacional en materia de asesinatos.

En los últimos años, Zacatecas ha enfrentado diversos picos de violencia, pero nunca tan altos como éste. En 2015, ocupaba el lugar 11 a nivel nacional en materia de asesinatos y registraba una tasa que ha crecido 544% desde entonces hasta ahora. Tan sólo en 2020, esta cifra aumentó 65% respecto a 2019.

¿Qué está pasando en Zacatecas? Como mencionábamos en octubre del año pasado, existe una disputa de varios frentes, cuyos principales protagonistas son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, particularmente la facción comandada por El Mayo Zambada. A ello hay que agregar la presencia de otros cárteles como el del Noreste, el del Golfo y los Talibanes.

La posición geográfica de Zacatecas es uno de los principales motivos de esta disputa. Por ahí atraviesan carreteras y veredas útiles para el trasiego de drogas que provienen desde el Pacífico mexicano. También es crucial su colindancia con dos estados con alta presencia del crimen organizado: Durango y Jalisco. De hecho, estos tres estados ocuparon los primeros lugares con mayor número de masacres (víctimas por cada carpeta de investigación) a nivel nacional en 2020.

Mi colega Alejandro Hope, además ha recalcado la enorme debilidad institucional que Zacatecas enfrenta, con un número insuficiente de policías estatales y municipales para atender el vasto territorio en el cual se dispersa su población, particularmente en comunidades rurales. A ello hay que abonar la vulnerabilidad de sus corporaciones para enfrentar este tipo de fenómenos; tan sólo durante el año pasado más de una veintena de elementos policiales fueron ejecutados en el estado.

Un claro ejemplo de esas comunidades desprotegidas es el municipio de Valparaíso. En ese lugar de baja densidad poblacional, la tasa de asesinatos es casi 15 veces superior a la nacional. Pero la violencia también ha alcanzado a municipios con mayor número de población como Fresnillo, Guadalupe o la capital, Zacatecas, con tasas hasta 4 y 6 veces superiores a la nacional.

Hoy, finalmente Zacatecas comienza a ocupar las primeras planas de los diarios, y a capturar la atención de especialistas y autoridades. El propio gobernador ha clamado por apoyo y el Presidente de la República ha reconocido la crisis que ahí se vive.

Resulta problemático pensar que sólo hasta que estalla la crisis, las autoridades responden. El Estado mexicano tiene la capacidad de analizar la evolución de las cifras delictivas, combinadas con otras fuentes de inteligencia, para detectar brotes de violencia de forma temprana y actuar en consecuencia. ¿Por qué no sucedió en Zacatecas?

Desafortunadamente, pareciera que las autoridades federales están atrapadas en un modelo que las inmoviliza. Por un lado, el despliegue permanente de la Guardia Nacional reduce las capacidades de tener una fuerza itinerante que atienda estallidos de violencia (como sí se podía hacer con la Policía Federal). Por otro lado, la obsesión del Presidente con la coyuntura, reflejada en sus reuniones matutinas, lo limita a ver tendencias de mayor plazo. Algo habrá que replantear para evitar que estallidos como el de Zacatecas se repitan en otros estados, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde también viene creciendo la violencia.