Por Jaime Rivera Velázquez
En la historia del pensamiento político se reconoce a John Locke (1632-1704) como el fundador del liberalismo. Su premisa fundamental es que el gobierno debe tener límites: el límite de la ley y el que representa el parlamento. Por eso, para Locke –hombre de su tiempo, aunque muy vanguardista–, la mejor forma de gobierno era la monarquía constitucional. Su credo liberal puede resumirse en el reconocimiento de derechos naturales e inviolables del individuo, la institución del gobierno por una convención originaria y el poder limitado por la ley, a su vez aprobada por una representación popular. Para Locke, la concentración del poder sólo podía conducir a la tiranía. La idea germinal de división de poderes de Locke sería profundizada por Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755), quien, observando la experiencia parlamentaria inglesa, postuló el modelo clásico de los tres poderes del Estado. Montesquieu reconocía las virtudes de la forma de gobierno republicana, pero su preocupación principal era evitar el despotismo mediante la ley y la separación de poderes. Los padres fundadores de Estados Unidos de América se inspiraron en la doctrina de la división de poderes. La Constitución no solamente establece el gobierno elegido libremente por mayoría, sino diseña un sistema de equilibrios y contrapesos para que ningún poder pueda imponerse arbitrariamente sobre los otros.
Durante el siglo XIX, el liberalismo económico se extendió por muchos países y fue abriendo paso a la democracia. Ya no se trataba sólo de limitar el gobierno y de defender al individuo del poder, sino de hacer participar a los ciudadanos en la elección y el control de los gobernantes. Elecciones libres, voto universal, gobierno representativo y división de poderes: ésa es la naturaleza de la democracia liberal. Más aún, la democracia puede desenvolverse únicamente en un ambiente de amplias libertades políticas, incluida la libertad de oponerse, pacíficamente, al poder. La regla de mayoría se equilibra con el respeto a la minoría.
Durante los siglos XIX y XX, las organizaciones obreras y los partidos socialistas contribuyeron objetivamente a ampliar y consolidar la democracia, aun cuando algunas tendencias concibiesen a la “democracia burguesa” sólo como un medio temporal para preparar la revolución. La Revolución Rusa de octubre de 1917 impuso un divorcio radical entre socialismo y democracia. Bajo el lema de la dictadura del proletariado, el régimen bolchevique concentró todo el poder en la cúpula de un solo partido, suprimió todas las libertades políticas y económicas, y proscribió cualquier forma de oposición. La Constitución Soviética le llamaba a eso oficialmente “democracia socialista”. La trágica experiencia de los regímenes comunistas de Rusia, Europa Oriental, China, Cuba, etcétera, demostraron lo que puede costar a la gente la abolición de principios liberales como el gobierno limitado, la división de poderes y las libertades individuales.
En una vertiente de izquierda diferente, la mayoría de los partidos socialistas de Europa (y en otros continentes) renunciaron a la revolución. Con el paso del tiempo, muchos de ellos ganaron el poder político por medio de elecciones libres y han gobernado con respeto a todas las libertades. Tal ha sido la experiencia socialdemócrata. En la práctica y la doctrina, los socialdemócratas revaloraron la herencia liberal como condición de la democracia y también por sus posibilidades transformadoras en lo social. De ahí que muchos pensadores políticos contemporáneos, cuando hablan de democracia, suelan agregarle el adjetivo liberal.
Uno de los pensadores de izquierda más destacados fue Norberto Bobbio, quien reconocía el gobierno limitado como principio clave del liberalismo. Principio a su vez funcional a la democracia, en la medida que podía impedir una dominación totalitaria como la del comunismo. Bobbio subraya la diferencia entre liberalismo y democracia, pues el primero consiste en la colocación de límites al poder, mientras que la segunda es una fórmula gubernamental para dar el poder a las mayorías. Reconoce que la evolución histórica evidencia la necesidad de una conjugación de ambas para conseguir libertades políticas y más equidad.
Una de las elaboraciones más completas de la democracia liberal se encuentra en Robert Dahl y su propuesta de la poliarquía. A decir de Dahl, las sociedades democráticas no se distinguen tanto por la concentración de poder en las mayorías, sino por la creación de instituciones que permiten la participación de múltiples actores, es decir, el pluralismo político. “Poliarquía” significa el mandato de numerosos actores sociales, no la concentración de todo el poder en la mayoría, aunque ésta emane de elecciones libres. La distinción es profunda. La autoridad democrática está sujeta a control por la dispersión de poder entre diferentes instituciones políticas, así como por la actuación, dentro de la ley, de organizaciones sociales, asociaciones civiles y grupos de interés. La concentración de poder históricamente siempre ha desembocado en despotismo, que se guía por los apetitos más bajos de los gobernantes.
Como escribió Pierre Manent en su Historia intelectual del liberalismo, el pensamiento liberal constituye la base continua, la corriente primaria y principal que nutre la política moderna, sea en Europa o en los países occidentales en general.