Por qué son caras las elecciones

Por Jaime Rivera Velázquez
Consejero INE

En el México de hoy, casi nadie se atrevería a decir abiertamente que la democracia no es necesaria y que los gastos que implica ejercer los derechos políticos son superfluos. Sin embargo, a la hora de financiarlos, hay cada día más reticencia por parte de quienes deben aprobar los presupuestos. Algunos dicen (falsamente) que las elecciones mexicanas son las más caras del mundo, pero soslayan que su costo está determinado por su alta calidad democrática, reconocida nacional e internacionalmente, así como por un pasado político-electoral que dejó una herencia de desconfianza que, a pesar de las sucesivas alternancias en el poder, no se ha superado. Pondré algunos ejemplos para ilustrar esta realidad.

El padrón electoral y las credenciales para votar son, ciertamente, costosos, pero hoy todo mundo reconoce que son totalmente confiables para votar y para identificarse. Hasta antes de la fundación del IFE, el padrón electoral era muy deficiente y a menudo objeto de manipulaciones por parte del gobierno. Venturosamente, esas prácticas quedaron atrás.

Antes de la creación del IFE, los funcionarios de casilla que recibían y contaban los votos ciudadanos eran designados discrecionalmente por comités electorales, designados a su vez por la Secretaría de Gobernación. La selección y la instrucción de funcionarios de casilla eran relativamente baratas, pero las alteraciones de votos y falsificación de actas eran prácticas frecuentes, conductas ilegales que a veces se premiaban con puestos en el gobierno. En la era democrática, la selección, capacitación, designación y vigilancia de los ciudadanos funcionarios de casilla es, por mucho, la actividad más costosa de una elección, pero ese modelo ha hecho prácticamente imposible la ejecución de fraudes electorales. ¿Alguien quisiera volver a los viejos tiempos?

En las elecciones organizadas por el IFE y después el INE, el diseño, la producción y la distribución de boletas electorales, así como su traducción en sufragios en las casillas, son actividades imparciales, transparentes y rigurosamente vigiladas por partidos políticos, consejos ciudadanos y observadores. Ciertamente, los documentos vitales de una elección –boletas y actas, entre otros– son costosos, pero infalsificables e inalterables. Los cómputos de votos se hacen, en primera instancia, en las casillas, a la luz de todos los representantes de partidos y se expiden copias fieles de las actas a cada uno de éstos. Más tarde, en los consejos distritales se revisan una a una las actas de casilla y, en muchos casos, las boletas se recuentan una por una a la vista de todos los contendientes. El fraude es imposible. Vale recordar que, desde 2009 en adelante, los cómputos distritales son más tardados y costosos porque, ante la más mínima diferencia o duda sobre algún dato en el acta de casilla, vuelven contarse todas las boletas. El resultado final es casi siempre igual al cómputo antes del recuento (con diferencias de diezmilésimas de las votaciones), pero la práctica subsiste y crece, a pesar de los costos que conlleva.

Hay una serie de reglas y procedimientos electorales que podrían simplificarse y disminuir su costo sin afectar la autenticidad de las votaciones, pero los más renuentes a modificarlos son los partidos, especialmente aquellos que proclaman que los costos electorales deberían disminuir. Menciono tres ejemplos de modificaciones que en años recientes he propuesto (hasta ahora, sin éxito). Las actas de cómputo de casillas contienen algunos datos innecesarios, cada uno de los cuales aumenta el esfuerzo de los funcionarios de casilla, el tiempo de llenado de las actas y la probabilidad de omisión o error, que a su vez dan lugar (o pretexto), para recontar todas las boletas en el cómputo distrital. Esos efectos aumentan el costo en dinero y en tiempo de los cómputos. Esas leves modificaciones no han prosperado porque los partidos se oponen. Propusimos que el líquido indeleble –formulado y producido desde 1994 por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN–, que siempre ha probado su eficacia, ya no se sometiera a una verificación adicional por otra institución científica. La moción no pasó, por objeción de un partido. Propuse también una modificación leve en los datos del PREP, cuya función es sólo informativa y sin valor legal, porque los datos legales residen en las actas de casilla y en los cómputos distritales. Se trataba de omitir la captura de sólo cuatro datos irrelevantes, que no tienen que ver con los votos y que no se publican en las pantallas, pero su captura en el PREP incrementa el tiempo de trabajo, aumenta la probabilidad de errores inocuos, retarda unas horas el avance de la información… y eleva el costo del programa. Casi todos los representantes de partidos rechazaron la propuesta.

Así, el costo de las elecciones está en gran medida determinada por la desconfianza y algunas obsesiones, pero pocos están dispuestos a llevar su desconfianza y sus fijaciones a niveles razonables. Es más fácil, falaz y redituable políticamente atacar al INE, querer socavar su autonomía y exigir que se violen remuneraciones y condiciones de trabajo, cuya legalidad ha sido confirmada reiteradamente por el Poder Judicial.