Opioides y políticas de salud pública

Por Enrique Cohen S. Es bien conocido el enorme problema que vive Estados Unidos en relación con el uso y abuso de opioides, especialmente del fentanilo. Éste y otros narcóticos han provocado alrededor de 100 mil muertes al año en ese país y un sinfín de problemas ...

Por Enrique Cohen S.

Es bien conocido el enorme problema que vive Estados Unidos en relación con el uso y abuso de opioides, especialmente del fentanilo. Éste y otros narcóticos han provocado alrededor de 100 mil muertes al año en ese país y un sinfín de problemas sociales que han convertido esto en una epidemia de adicciones que amenaza la vida de millones de personas.

Las causas de este fenómeno se remontan a hace algunas décadas, cuando empresas farmacéuticas comenzaron a ofrecer sus nuevos productos opioides a los médicos y éstos los recetaron indiscriminadamente. Ello provocó un enorme número de adictos que se vieron en la necesidad de recurrir a la vía ilegal para obtener estas drogas y satisfacer su adicción.

El país es hoy en día el principal proveedor de fentanilo a Estados Unidos y es sabido que ciertos cárteles han aprovechado la oportunidad de comercializarlo para obtener gigantescos beneficios económicos.

Debido a sus características, el fentanilo es enormemente redituable y pasó a reemplazar a la cocaína y la mariguana como la principal fuente de ganancia de los cárteles. Una enorme cantidad de droga se distribuye así todos los días desde México para ser consumida por ciudadanos estadunidenses.

Es lógico e importante cuestionar los riesgos que tiene nuestro país al estar tan expuesto a estas drogas.

Curiosamente, los datos del gobierno no son nada alarmantes. Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró que en 2019 hubo 16 muertes por sobredosis de opioides y 26 en 2020, números que contrastan enormemente con las cifras que reporta el país vecino, y que francamente es muy bueno para ser verdad.

Ciertos estudios no gubernamentales han revelado algo completamente distinto. Por ejemplo, en Mexicali, Baja California, se realizaron estudios toxicológicos en una morgue que albergaba cuerpos que habían sido catalogados como víctimas de la violencia y el crimen.

El informe dio un resultado alarmante: de las pruebas a más de mil cadáveres, 23%, equivalente a 250 personas, salió positivo a fentanilo en el sistema. Otro reporte reveló que a partir de pruebas en un festival de música en la zona centro del país, donde se le ofrecía a la gente “testear” las sustancias que llevaban consigo, y con resultados a mano se le podía notificar al usuario si la droga contenía rastros de fentanilo. De 51 muestras tomadas, más de la mitad dio positivo a esa sustancia.

La falta de información por parte del gobierno es inmensa y al no haber estudios e investigación suficientes no se puede tener un panorama claro de dónde está parado el país en cuanto a esta situación.

Al mismo tiempo, México padece un problema de igual gravedad relacionado con los mismos opioides. El desabasto de éstos en el sistema de salud pública y privado ha causado que decenas de miles de personas sufran de maneras inimaginables. Los opioides son utilizados en el ámbito médico de manera diaria, por ejemplo, en la medicina paliativa, encargada de tratar el dolor crónico de los pacientes. Margarita Araujo, médica experta en este ramo, comparte la dificultad a la que se han enfrentado los médicos al sufrir uno de los peores desabastos de opioides de la historia de nuestro país, ya que pacientes en estado terminal o con dolores crónicos no han podido ser tratados, y muchos han tenido que recurrir al medio ilegal para conseguir las drogas con tal de no padecer dolores insoportables.

El actual gobierno ha mantenido una política restrictiva hacia la entrada legal de opioides para uso médico, argumentando que al cortar la entrada de estas drogas se disminuiría la distribución y venta ilegal en nuestro entorno.

Los datos duros indican que ésta es una política errónea que ha afectado a numerosos pacientes imposibilitados de recibir lo necesario para paliar su dolor, sin que, por otra parte, la venta y distribución de opioides ilegales haya disminuido.

Asimismo, se ha prohibido la legalización de la naloxona, medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que es capaz de revertir sobredosis de fentanilo. Su aplicación ha salvado a una enorme cantidad de personas en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno federal ha señalado que no está de acuerdo en su legalización, ya que ello no cortará el problema de raíz, argumento lógica y humanamente insostenible.

Nuestro país vive un enorme riesgo de comenzar con una epidemia de adicción al fentanilo para la cual no está mínimamente preparado. Las actuales políticas de salud pública no han hecho más que afectar negativamente la vida de miles de personas bajo un falso sustento “moral” y no con base en datos y estudios serios. Es por tanto necesario exigir y fomentar investigaciones para saber en dónde estamos parados y sobre esa base discutir las políticas de salud pública convenientes para prevenir y tratar esta delicadísima situación.

Temas: