Más riesgos con la reforma judicial

Por José Medina Mora*

El 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia judicial. A partir de ese momento, arrancaron los tiempos contemplados en los transitorios del dictamen para su implementación.

Por un lado, al Congreso de la Unión se le dieron 90 días para concretar las leyes secundarias y empezar los procesos contemplados, como la convocatoria para elegir jueces, ministros y magistrados; mientras que a los congresos locales se les estableció un límite de 180 días para modificar sus constituciones.

Sin embargo, a unas semanas de la implementación, se identificaron diversas inconsistencias en la reforma en cuanto al proceso de elección de cargos, así como en artículos contrapuestos en casos como la duración de la presidencia de la Corte, los cuales requieren ajustes para evitar vacíos o problemas en su interpretación.

A pesar de ello, las leyes secundarias que modifican la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para incluir la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación se aprobaron sin modificaciones y el dictamen se publicó en el DOF de forma inmediata. Un proceso similar al de la convocatoria para integrar los listados de personas que participarían en la elección de junio de 2025, que debía estar lista para el 15 de octubre y que se desarrolló de forma acelerada entre legisladores de la fuerza política mayoritaria.

Como parte del mismo proceso, la selección de cargos a cambiar en el año 2025 se realizó en el Senado por medio de una tómbola, en medio de confusiones entre los propios legisladores, dejando cada vez más dudas sobre las siguientes etapas del proceso.

En ese sentido, en la Coparmex consideramos que el haber realizado una reforma tan importante de forma acelerada generó inconsistencias como las que ahora tenemos y que, si no existe una pausa en las decisiones y apertura al diálogo con la oposición y otros sectores, esto podría complicarse aún más y tener graves consecuencias en la impartición de justicia en el país.

Consideramos que el Poder Legislativo está tomando un camino erróneo al negarse a atender las inconsistencias y al desacatar los recursos judiciales que han recibido. En lugar de eso, ha aprobado otra reforma para poder modificar la Constitución sin que exista una revisión de constitucionalidad por parte de instancias judiciales, lo cual podría implicar mayor incertidumbre jurídica y riesgo de vulnerar derechos sin consecuencias.

Además, consideramos esencial establecer procesos que preserven la carrera judicial y que no dejen sin trabajo a jueces con amplia formación y experiencia. Si por ley ya se tendrá elección por voto popular, es necesario que en los procesos previos se cuiden los perfiles de quienes participarán, aprovechando la experiencia del INE durante todas las etapas.

Al momento, la reforma judicial ya ha generado incertidumbre en la economía y en la estabilidad de uno de los poderes pilares del Estado mexicano, como lo es el Poder Judicial. El no garantizar certeza de un proceso ordenado e imparcial y blindar aún más su actuar con otra reforma para evitar amparos, está generando incluso más desconfianza sobre el Estado de derecho en México.

Hacemos un llamado al diálogo y a la apertura por parte del partido Morena y sus aliados para que, junto con los partidos de oposición, que también representan a México, y otros sectores de la sociedad, podamos hacer propuestas y aportar para que la implementación de la reforma judicial sea un proceso colegiado, transparente y legítimo. Asimismo, consideramos indispensable revertir reformas como la que limita los recursos jurídicos ante abusos de poder y cambios normativos sin el correcto procedimiento legislativo.

Nuestro país necesita con urgencia avances en materia de justicia; las inconsistencias en la implementación de la reforma judicial deben atenderse con diálogo y colaboración.

*Presidente nacional de la Coparmex