Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE esta semana, más de cinco años antes de concluir el periodo previsto en la Constitución, en medio de señalamientos sobre presunta corrupción relacionados con un proveedor del instituto. Se trata de acusaciones graves que deben investigarse a fondo para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Pero exigir cuentas también obliga a revisar la historia completa, incluida la que omiten quienes buscan presentar el escándalo como una consecuencia exclusiva de su supuesta cercanía con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ni la trayectoria electoral de la funcionaria ni los contratos de las empresas señaladas comenzaron con su llegada a la presidencia.
Su carrera en el ámbito electoral se remonta a 1992, cuando ingresó al entonces Instituto Federal Electoral. En 2014, el Consejo General del recién creado INE, presidido por Lorenzo Córdova, la designó al frente del organismo electoral de Sonora con diez votos a favor. Desempeñó esa responsabilidad durante los siguientes siete años. Su llegada a la presidencia del INE en 2023, contrario a lo que difunden desde la oposición, no se debió a un nombramiento del Ejecutivo. Ante la falta de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados fue elegida por sorteo entre las aspirantes previamente seleccionadas, mediante un procedimiento incorporado a la Constitución desde 2014, en tiempos del llamado Pacto por México.
También los proveedores involucrados tienen una historia anterior a la actual gestión. Formas Finas y Materiales, una de las empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas, obtuvo contratos del INE en 2018, cuando Córdova encabezaba el organismo. Cajas Graf y Corporativo Zeg igualmente recibieron adjudicaciones de autoridades electorales antes de 2023. Estos antecedentes están muy lejos de exonerar a Taddei, pero tampoco pueden pasarse por alto para acomodar el caso al golpeteo partidista del conservadurismo. Quienes hoy exigen explicaciones tendrían que mostrar el mismo interés por los contratos otorgados cuando sus referentes dirigían el instituto.
Frente a los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió realizar las auditorías necesarias y transparentar lo ocurrido. Además, criticó abiertamente a la exconsejera presidenta en sus conferencias de esta semana y afirmó que había traicionado la confianza del pueblo de México. Su postura importa ante el intento de la oposición de presentar a Taddei como una protegida del movimiento para anotarse un triunfo político. Haber recibido respaldos o reconocimientos en el pasado no puede convertirse en un derecho a la impunidad, y la primera mandataria lo dejó claro. Si las investigaciones confirman que utilizó su cargo para favorecer intereses privados o a sí misma, tendrá que responder por ello. Exigirlo es un imperativo ético para un movimiento que hizo del combate a la corrupción una de sus principales causas.
Basta recordar cómo trataron los conservadores a Lorenzo Córdova. Lo despidieron entre elogios y aplausos y lo mantienen en un altar como defensor de la democracia, pese a sus declaraciones racistas contra representantes indígenas y a las cuestionadas prórrogas que le permitieron conservar su plaza de investigador en la UNAM más allá del límite de seis años establecido en su normativa. Nada de eso les impide reivindicarlo como una autoridad moral. Esa indulgencia con los propios contrasta con la indignación que hoy exhiben frente a Taddei.
Quien traiciona al pueblo y corrompe las instituciones encargadas de defender la democracia merece el repudio público, además de las sanciones que correspondan. Las fuerzas de izquierda han luchado durante décadas contra autoridades electorales facciosas, parciales y al servicio de intereses privados. Esa lucha obliga a exigir cuentas también a quienes tuvieron una responsabilidad histórica y no estuvieron a la altura de la confianza depositada en ellos.