INE: razones del presupuesto

Por Jaime Rivera Velázquez

Consejero del INE

Al gobierno federal y a la mayoría de Morena no les gusta el INE. Es irónico que el partido que más triunfos ha tenido desde que nació el INE, como tal, sea el más insatisfecho y parezca el más irritado con el árbitro. Además de propalar la intención de “renovar” al INE, empezando por sustituir a sus consejeros, ha recortado sistemáticamente los proyectos de presupuesto que este organismo autónomo ha presentado.

La animadversión de la mayoría morenista hacia el INE ahora se manifiesta negándole los recursos mínimos para organizar la consulta de revocación de mandato del presidente de la República. Dejando de lado el hecho curioso de que sea el partido en el gobierno el más interesado en promover una consulta que, teóricamente, podría dar lugar a la destitución del presidente, es llamativa la poca comprensión de lo que implica organizar una votación a escala nacional para decidir una cuestión tan importante. No debería ser difícil entender que una votación nacional para remover al presidente requiere de tanta logística y tantas garantías de legalidad y certeza como para elegirlo. Aunque sea reiterativo, las circunstancias reclaman una explicación de lo que el INE tiene que hacer para organizar esa votación y cuánto cuesta hacerlo.

El elemento básico para una votación son las casillas, el lugar donde se emiten y se cuentan los votos y para que este paso decisivo se realice con legalidad y limpieza, es indispensable que quienes reciban y cuenten los votos sean ciudadanos seleccionados, de tal manera que se garantice su imparcialidad. Puede decirse fácil, pero para que esto sucediera en México se requirieron décadas de lucha cívica y reclamos de la oposición. En otro tiempo, a los funcionarios de mesa de casilla los nombraban, con más o menos discrecionalidad, funcionarios electorales designados por el gobierno y vinculados políticamente a él. A partir de 1989 se estableció por ley un mecanismo de insaculación (sorteo) de ciudadanos y reglas estrictas de capacitación y vigilancia que hacen prácticamente imposible la adulteración de votos. ¿Quién capacita a tales ciudadanos seleccionados por sorteo? Un ejército de capacitadores-asistentes electorales seleccionados por consejos distritales, integrados a su vez por ciudadanos independientes, quienes reciben una dieta por más de medio año. Y son estos consejos distritales los que designan a los funcionarios de mesa directiva y determinan la ubicación de las casillas.

Veamos algunas cifras de esta actividad básica de una votación democrática. En las elecciones federales y locales de 2021 se instalaron 162,538 casillas y se nombró a 1.4 millones funcionarios de casilla, incluidos suplentes. Para invitarlos a participar, el INE contrató por casi cinco meses a 41,088 capacitadores y 6,994 supervisores electorales, que visitaron en su domicilio a 12 millones de ciudadanos y capacitaron a casi tres millones. A cada funcionario de casilla se le da una compensación para alimentos de 500 pesos. Además, cada casilla se equipa con mesas, sillas, urnas, mamparas, marcadores, líquido indeleble, listados nominales, material sanitario, etcétera. En 2021, el costo total de capacitación electoral, integración de mesas directivas e instalación y equipamiento de casillas fue aproximadamente de 5,300 millones de pesos. Una elección conlleva muchos otros gastos: registro de candidaturas, monitoreo de radio y televisión, fiscalización de gastos de campaña, PREP y un largo etcétera. Pero el gasto mayor tiene que ver con las casillas. ¿Cuánto, entonces, podrá gastarse por estos rubros en una eventual votación de revocación de mandato presidencial? No mucho menos.

La cantidad de casillas tendría que ser la misma que en las elecciones de junio de este año, porque así lo ordena la Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada por el Congreso en septiembre. El número de funcionarios de mesa será de tres, más dos suplentes; un total de 807 mil. Los capacitadores-asistentes serán un poco menos que en 2021: 32 mil, más 5,400 supervisores; su periodo de contratación, de tres meses. La cantidad de boletas será aproximadamente la misma; también de urnas, mamparas (aunque se reutilizan las anteriores), marcadores, líquido indeleble, material sanitario, etcétera. El número de consejos locales y distritales será 332, y el de consejeros, 1,992, igual que en junio pasado, aunque por un periodo más breve.

Es cierto, una consulta de revocación de mandato de alcance nacional cuesta menos que una elección de diputados federales o presidencial por sí sola. Por esa razón, el costo total estimado por el INE para ese ejercicio de participación ciudadana es de 3,830 millones de pesos, y no de 7 mil 300 millones, como el de las elecciones federales recientes. Sin embargo, ese costo de la revocación no puede ser mucho menor, a menos que se sacrificaran las reglas y los procedimientos esenciales que garantizan la integridad de una elección. Y eso es algo que el INE no está dispuesto a hacer. La revocación de mandato es una cuestión muy seria, y no se puede degradar hasta convertirla en una parodia.

Esas son las razones del presupuesto para organizar una revocación de mandato. El INE quiere cumplir plenamente con esa responsabilidad legal. Pero nadie está obligado a lo imposible.