Por César Alejandro Ruiz
En el marco de los 100 números de la revista Tiempo de Derechos, el doctor Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo: “Ante el sufrimiento no se responde con más muerte, sino con más cuidado… Se nos propone que la salida sea adelantar la muerte. Yo creo que hay una respuesta más humana y civilizada: no abandonar”.
En contraste, diversos activistas, algunos pacientes con enfermedades graves, promueven en México la llamada Ley Trasciende, que busca incorporar la eutanasia a la Ley de Salud. Debemos distinguir entre muerte digna y eutanasia: nuestro orden jurídico ya reconoce cuidados paliativos, voluntad anticipada y suspensión de tratamientos, sin acelerar la muerte, como ha señalado la SCJN.
La Ley Trasciende propone dar un paso diferente: no busca sólo garantizar una muerte digna, sino permitir que alguien solicite que otro provoque su muerte. La premisa es sencilla: ¿tiene una persona derecho a decidir sobre su propia muerte? El problema es que ésa no es la pregunta correcta, sino ¿qué quiere realmente la persona que encuentra en la muerte una escapatoria? Ningún ser vivo nace queriendo morir, por lo que vale preguntar qué deterioró ese instinto.
Quienes promueven la eutanasia cimentan la discusión en la autonomía y el deseo de morir, pero acallan una pregunta más importante: ¿qué hemos hecho para que alguien vea la muerte como un alivio?
La respuesta inmediata suele ser el dolor, pero no todo dolor pesa igual: el dolor en soledad es más difícil de soportar que el dolor acompañado. A la enfermedad se agrega el abandono y la sensación de haberse convertido en una carga. Si la voluntad de morir nace porque una persona ha quedado sola, al Derecho no le corresponde ejecutarla sin antes preguntar quién debía cuidarla.
Existe, además, un supuesto más preocupante: querer morir no por la enfermedad, sino por las condiciones en que se enfrenta. El caso de la activista Lizzette García Acuña es ilustrativo. Ella padece esclerosis múltiple. Ha perdido movilidad, parte de la vista y su independencia, y vive al cuidado de su madre, de 76 años. Ha relatado que no tiene recursos para nuevos tratamientos y que no quiere que su familia siga desgastándose con ella, frase que debería detenernos. ¿Estamos frente a una persona que quiere morir por libertad, o frente a una acorralada por la pobreza, la dependencia y la sensación de ser una carga?
Cuando alguien pide la muerte porque no tiene recursos para enfrentar su enfermedad, el problema deja de ser médico y se vuelve también social y estatal. No hablamos de una “muerte digna”, sino de personas obligadas a enfrentar su enfermedad en condiciones indignas. ¿Cómo puede surgir una muerte digna de una vida en abandono?
Esa pregunta es relevante en nuestro país. México arrastra graves problemas de acceso a servicios y medicamentos. El gobierno asegura niveles elevados de abasto, pero continúan las denuncias por recetas incompletas. Hay pacientes que mueren esperando atención por falta de camas. Un Estado que no garantiza medicamentos ni cuidados suficientes no puede ofrecer la muerte como una prestación.
Una cosa es decidir morir tras agotar alternativas médicas, psicológicas, económicas y familiares y, otra, pedir la muerte porque ninguna estuvo disponible. Confundirlas bajo la palabra “autonomía” no protege la libertad: oculta las condiciones que la limitaron. Así puede ocurrir algo injusto: primero dejamos sola a la persona y después llamamos autonomía a su desesperación.
Por eso, una realidad donde se privilegia la soledad sobre la familia, la dádiva sobre el acompañamiento y los trenes sobre necesidades tan elementales como las medicinas no es el contexto adecuado para la eutanasia. Corremos el riesgo de volver permanente la vulneración de derechos de quienes más protección necesitan. Los derechos fundamentales obligan a lo opuesto: el Estado debe corregir el sistema de salud antes de pensar en la muerte.
El deber del Estado no es devolver dignidad mediante la muerte, sino garantizar que la persona sea tratada dignamente durante toda su vida. Por eso, cuando alguien pida morir, primero deberíamos preguntarnos: ¿qué podemos hacer para que quiera vivir? ¿Qué puede mejorar el Estado para aliviar su dolor y procurar una vida digna?
Mientras esas preguntas no tengan respuesta, la primera no puede ser simplemente escuchada y mucho menos ejecutada.
*Presidente del Círculo Mexicano de Derecho y Libertad