El papel de la CNDH

Por Ricardo Alexander Márquez Padilla

En tiempos de confusión institucional, en donde la tan necesaria división de Poderes y los controles constitucionales han demostrado sus debilidades y flaquezas —el ejemplo de esta semana son los recién nombrados comisionados de la CRE— y los organismos autónomos han preferido, en el mejor de los casos, pasar desapercibidos, vale la pena reconocer el papel que ha tomado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a una administración federal que no busca tener críticos ni contrapesos.

Como en otros casos de organismos constitucionales autónomos, parece que el gobierno no ha logrado entender cuál es su función y el porqué de esa llamada autonomía.

Desde su campaña, Andrés Manuel López Obrador “propuso” al padre Alejandro Solalinde como presidente de la CNDH, afirmación preocupante porque el cargo no lo puede desempeñar un ministro de culto, como lo es un sacerdote, y en el proceso de selección de dicho perfil no se involucra al Presidente de la República, pues ello, claramente, pondría en duda su independencia y objetividad.

Independientemente de lo anterior, el actual presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha mostrado entereza ante un gobierno poco flexible frente a la oposición.

Un ejemplo de ello es el discurso que dio en enero pasado en Palacio Nacional, con la presencia del presidente López Obrador, durante el evento de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, a Héctor Fix Zamudio. De éste, destaco tres puntos.

El primero se refiere a la necesaria “autonomía plena e independencia de todo poder e interés” para el funcionamiento del ombudsman, lo que también aplica a otros organismos de la misma naturaleza.

En segundo lugar, que “no debe estigmatizarse el servicio público, por el contrario, debe fortalecerse para que, mediante servicios profesionales de carrera, reales y operativos” se logre contar con una burocracia especializada y profesional que garantice “el normal desarrollo de las instituciones con independencia de los cambios de gobierno y, a la vez, la preserve de ellos”.

Y tercero, “la reconstrucción del tejido social y la búsqueda de la paz no puede legitimar la impunidad o promover medidas que desvíen o condicionen la verdad y el que se concrete la justicia”, tal como lo manifestaron las víctimas en los llamados foros para la pacificación del país.

Aunado a lo anterior, en diversos momentos e, incluso, en su reunión de esta semana con el presidente López Obrador, González Pérez ha insistido en la necesaria revisión de la Guardia Nacional y su carácter civil —que parece estará presidida por un militar en activo—, y ha criticado la posible desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la falta de entrega de recursos económicos a las estancias infantiles, convirtiéndose así en una de las pocas figuras que puede hablarle de frente al Presidente y no simplemente decirle lo que quiere oír —una cosa es hablar, y otra, ser escuchado—.

Desgraciadamente, el periodo de González Pérez al frente de la CNDH termina en noviembre de este año, y bajo un ambiente como el actual, donde se premia más la lealtad ciega que la crítica razonada, difícilmente logrará la reelección, y en su lugar veremos, como en muchos otros casos, un ombudsman a modo.