El camino de las reformas electorales

Por: Jaime Rivera Velázquez

La transición democrática de México tuvo como mecanismo predominante las reformas electorales. Mediante ellas se dio un cauce institucional al pluralismo político existente en la sociedad mexicana y se impulsaron, paulatinamente, cambios importantes en las formas de hacer política y de gobernar. En el lapso de 20 años, el régimen político transitó de un sistema de partido casi único y de hiperpresidencialismo, a un nuevo régimen pluripartidista, de elecciones libres y de auténtica separación de poderes, es decir, a una democracia, aun cuando ésta fuese inmadura y, como se demostraría más tarde, frágil.

Las sucesivas reformas electorales tuvieron el propósito de ampliar el pluralismo y democratizar el poder, si bien es cierto que no respondieron a un solo pacto fundacional ni a un plan general predeterminado. Pero cada reforma tuvo una característica común que mucho ayudó a su éxito: su método. Todas las reformas electorales, desde 1977 hasta 2013, fueron motivadas por reclamos de la oposición y se encauzaron por medio del diálogo y la búsqueda de consensos entre el gobierno y las fuerzas opositoras.

En 1977, en una época en que el partido gobernante controlaba todos los poderes por una amplia mayoría, por decisión del presidente José López Portillo y bajo la conducción de Jesús Reyes Heroles, se emprendió una reforma política que se inició con consultas públicas en las que se incluyó activamente a otras fuerzas políticas que, aunque minoritarias, tenían mucho que decir. Desde el poder se les escuchó y se adoptaron dos cambios fundamentales: otorgar registro legal a partidos hasta entonces excluidos, y abrir un espacio de representación de las minorías en la Cámara de Diputados mediante una fórmula de representación proporcional, es decir de listas plurinominales.

En 1986, el gobierno atendió nuevos reclamos de la oposición y promovió una reforma que duplicó el número de diputados plurinominales (de 100 a 200), aunque en el reparto se incluyó también al partido mayoritario. Pero no hay duda de que esa reforma reconoció y estimuló la expansión del pluralismo político y la competencia electoral.

Después de la crisis política derivada del fraude de las elecciones de 1988, el gobierno reconoció la necesidad de cambiar profundamente el modelo electoral y abrió un nuevo diálogo con la oposición. No todos los partidos aceptaron negociar, pero de ese proceso surgieron un nuevo código electoral, más equitativo y con reglas efectivas contra el fraude, y el IFE como organismo permanente y profesional. Se creó también un tribunal electoral para dirimir legalmente las inconformidades. En la Cámara baja, gran parte de la oposición votó a favor de la reforma.

En 1993, un nuevo acuerdo pluripartidista estableció la colegialidad en la dirección del IFE y fortaleció los mecanismos de resolución de las controversias. Los graves sucesos que en 1994 cimbraron la política del país —la rebelión neozapatista y el asesinato de Colosio— concitaron la voluntad del gobierno y la oposición para un pacto de gobernabilidad, que incluyó una nueva reforma electoral extraordinaria. Así se creó la figura de consejeros ciudadanos, nombrados por un amplio consenso pluripartidista. Bajo ese acuerdo político y con un IFE más imparcial, la elección de 1994 transcurrió en paz y con aceptación general de los resultados.

En 1996, el presidente Zedillo reconoció que su propia elección, si bien fue legal, no fue equitativa, y con la convicción de que era necesaria una reforma electoral más profunda, convocó a toda la oposición a dialogar y negociar. Ésta acudió al llamado y se pactó una reforma electoral que garantizó la autonomía plena del IFE, reglas de integración de las Cámaras que limitasen la sobrerrepresentación y un esquema de financiamiento público a los partidos que propiciara la equidad en la competencia, entre otros cambios, todos con un sentido democrático. La reforma de 1996 coronó la transición democrática. Y así se facilitó la alternancia en el poder.

En 2007, como respuesta a los reclamos de la oposición, se emprendió otra reforma por amplio consenso que aseguró el acceso gratuito de todos los partidos a la radio y la tv, se restringió la propaganda del gobierno y se adoptaron mecanismos de verificación de las votaciones para despejar dudas. La cancha del juego quedó más pareja que nunca.

En 2013, en el contexto del Pacto por México, que condensó como nunca antes acuerdos entre el gobierno y la oposición para modernizar la economía, mejorar la educación y fortalecer la transparencia, se aprobó una nueva reforma electoral. Esta buscó garantizar la autonomía de las autoridades electorales locales, convirtió al INE en órgano rector del sistema nacional electoral y estableció una fiscalización más rigurosa del dinero en la política.

Todas esas reformas buscaron mayor proporcionalidad entre votos ciudadanos y representación política; todas fortalecieron la independencia y la imparcialidad de los árbitros electorales; todas fueron fruto del diálogo y el acuerdo entre la mayoría y las minorías parlamentarias. La nueva reforma electoral no debería ser contraria a esos propósitos ni al método del consenso. Veremos.