Cuando la incompetencia del gobierno cuesta vidas

Por Carlos Kenny Espinosa Dondé

El 28 de noviembre de 2019, el Presidente fue muy claro al declarar que en sus designaciones prefería funcionarios con “90% de honestidad y 10% de experiencia”. Seamos claros: una persona honesta no acepta un cargo para el que no tiene experiencia. Ningún gobierno fue elegido como campo de entrenamiento para erradicar la incompetencia de los servidores públicos, que, dicho sea de paso, han dejado mucho que desear en cuanto a la honestidad.

La tragedia de la Línea 12 del Metro no sucedió en un día. Desde su construcción se hablaba sobre la incompatibilidad de vagones y vías, sumada a la mala calidad de la construcción.  Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal, junto al Congreso local en ese entonces, se negaron a entregar los informes de la obra. Clasificaron los documentos por 15 años, congelando con ello cualquier investigación. El Gobierno de la Ciudad de México encargó a la empresa noruega DNV-GL un reporte completo de las causas que originaron la caída de la estructura de dicha línea, ocasionado la muerte de 26 personas, cientos de heridos, muchos de ellos con lesiones irreversibles e incapacitantes. Los primeros dos reportes de dicha empresa fueron incluso celebrados por el gobierno local y federal. Pero, al parecer, el informe final no ha gustado nada a las autoridades. Han evitado publicar las conclusiones para consideración de expertos y opinión pública y han emprendido acción legal contra DNV-GL por entregar un peritaje, según palabras de la jefa de Gobierno, “tendencioso y falso”. Eso se arregla muy fácilmente si se desclasifican los documentos de la construcción, se revela el informe noruego y, como seguramente no hay nada que ocultar, la ciudadanía y los grandes expertos nacionales e internacionales les darán la razón. No hay nada que ocultar... ¿O sí? 

 Desde la llegada de López Obrador, bajo la consigna de eliminar todo vestigio de regímenes anteriores utilizando como excusa la erradicación de la corrupción, se suspendieron varias obras vitales para México, entre ellas la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, que prometía ser el más importante de América Latina. Se pagaron indemnizaciones millonarias a las empresas constructoras y se decidió habilitar el aeropuerto militar de Santa Lucía como parte de tres aeropuertos que sirvan simultáneamente al Área Metropolitana de la capital del país. Fiel a sus infames declaraciones, se han nombrado funcionarios sin experiencia para tomar decisiones que superan sus conocimientos. El Ejército ahora es quien administra y opera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que cuenta con 10 operaciones al día, comparadas con las más de 800 del Benito Juárez. Desde el anuncio de la ampliación del AIFA, autoridades internacionales y nacionales advirtieron de la incompatibilidad del funcionamiento simultáneo de ambos aeropuertos. Quien fue nombrado titular de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Hernández, aseguró que era posible y ordenó el reordenamiento del espacio aéreo en marzo de 2021. Lo que en otros países toma meses o años para capacitar a los controladores aéreos, personal de tierra, crear protocolos para compartir con las aerolíneas y autoridades aeronáuticas internacionales, en México se ordenó de la noche a la mañana. El resultado: el AICM perdió su certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional, por lo que no se pueden abrir nuevas rutas a numerosos países. Los rumores de muchos casos de incidentes que casi provocan colisiones entre aviones en tierra y aire de la CDMX (con posibles consecuencias fatales para pasajeros y ciudadanos en tierra) fueron comprobados por el comunicado de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA), en el que se reportan múltiples casos de demoras y desvíos. Pero lo más grave son los reportes de accidentes que se evitaron por la pericia de los pilotos, ya que reciben información errónea de los controladores; hechos comprobados por videos de aviones a punto de colisionar en las pistas del AICM. La respuesta del gobierno: obligar por decreto a las aerolíneas a trasladar un porcentaje de sus operaciones al AIFA. En las circunstancias actuales, esto multiplicará las posibilidades de colisiones en el aire. Este domingo, Hernández renunció al Seneam, pero eso no soluciona el problema, sólo lo transfiere a alguien más. La negligencia e ineptitud de este gobierno puede ocasionar muchas más tragedias. La incompetencia a su más alto nivel.