Por: Peter Singer*
MELBOURNE.— Tres personas (entre ellas dos niñas) murieron de sarampión en Estados Unidos en 2025. Esas muertes se podían evitar. El año pasado se confirmaron en el país 2267 casos de sarampión; más de siete veces los 285 casos de 2024 y la cifra más alta en más de 30 años. Eran casos evitables, ¿por qué no se evitaron?
Desde febrero del año pasado, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU, lleva dos décadas promoviendo teorías infundadas que vinculan las vacunas con el autismo. Sostiene que las vacunas han “envenenado a toda una generación de niños estadunidenses”, y es probable que sus declaraciones hayan contribuido a la disminución de los índices de vacunación en el país. El resultado ha sido un marcado aumento de la incidencia del sarampión.
Tras asumir el cargo, Kennedy desarmó un importante comité asesor sobre vacunas formado por científicos experimentados y lo sustituyó por un grupo de escépticos. También desfinanció el desarrollo de vacunas de ARNm, el método que permitió la rápida producción de vacunas de alta eficacia contra covid-19. Como alternativa a la vacuna contra el sarampión, sugirió la ingesta de vitamina A, tras lo cual algunos padres de Texas dieron a sus hijos dosis tan altas que mostraron síntomas de toxicidad.
El abandono de los criterios científicos habituales en salud pública no es un problema exclusivo de EU. En Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico encargó al activista antivacunas Peter Kotlár una investigación sobre la respuesta del país a la pandemia. El informe describe al covid-19 como “un acto de bioterrorismo” y afirma, sin pruebas, que las vacunas de ARNm alteran el ADN humano, recomendando su prohibición.
En una sociedad libre, las personas pueden expresar opiniones infundadas sobre las vacunas, los científicos pueden refutarlas y las autoridades deben examinar las pruebas y actuar en consecuencia. En casos excepcionales, opiniones contrarias al consenso científico pueden resultar válidas y convertirse en una nueva ortodoxia. Los funcionarios de salud tienen una responsabilidad especial, ya que formulan políticas que afectan a millones de personas. Las vacunas están entre las intervenciones médicas con mayor respaldo empírico de la historia.
Cuando la cobertura vacunatoria cae por debajo de umbrales críticos, se pierde la inmunidad colectiva y reaparecen enfermedades prevenibles. Esto es sabido por precedentes históricos y por ejemplos contemporáneos como Rumania y Canadá, donde se creía que el sarampión estaba erradicado.
Algunos funcionarios dicen que sólo respetan la libertad individual. Pero esa libertad no se extiende a decisiones que perjudican a otros, y eso es lo que hace el rechazo a la vacunación infantil. La vacunación protege no sólo a quienes la reciben, sino también a quienes no pueden vacunarse y a la comunidad en general.
Kennedy se presenta como un luchador contra el poder de las farmacéuticas y señala escándalos reales, pero éstos no justifican el rechazo de intervenciones médicas respaldadas por pruebas científicas de seguridad y eficacia. La idea de que existe una conspiración científica mundial es inverosímil. Cuando funcionarios públicos actúan sobre creencias infundadas sobre las vacunas, el resultado es que mueren personas. Quienes tienen poder sobre las políticas de salud son responsables de esos resultados. Insistir en creencias refutadas cuando hay vidas en juego es un fallo ético básico.
El conocimiento científico nunca es perfecto. Toda inquietud genuina sobre la seguridad de las vacunas merece una investigación seria. Pero existe una diferencia clara entre la indagación honesta y la resistencia ideológica a la evidencia.
El desdén por la evidencia científica está provocando brotes de enfermedades, muertes evitables y la pérdida de avances en salud pública logrados durante décadas. Esto debe terminar antes de que las consecuencias sean catastróficas.
Los gobiernos deben designar funcionarios con conocimiento científico y respeto por la evidencia. Las agencias de salud pública deben actuar según el consenso científico, no según la ideología política. Y los funcionarios que persistan en opiniones contrarias a la evidencia desde cargos con poder de decisión deben ser destituidos.
*Profesor de Ética Médica en el Centro de Ética Biomédica de la Universidad Nacional de Singapur y profesor emérito de Bioética en la Universidad de Princeton
Traducción: Esteban Flamini
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