Traidores convenientes, los delatores premiados

Por Ricardo Peralta Saucedo

La ley 12.850 de 2013, explica lo que significa la organización criminal, los medios de obtención de pruebas, las infracciones penales correlativas, y el procedimiento judicial del Código Penal Brasileño, lo que coloquialmente se le llama “delación premiada”, legalmente “Colaboración premiada”.

El juez podrá otorgar perdón judicial y reducir hasta 2/3 partes de la pena de libertad o sustituirla para aquellos que hayan colaborado en la investigación, para señalar coautores, prevenga infracciones, ayude a recuperar total o parcialmente el producto del delito.

Además, se pueden otorgar dispensas en la pena, el colaborador, puede ser objeto de protección por parte del estado, no tendrá identidad revelada en los medios de comunicación, su defensor puede actuar en su nombre y señalar la delación.

Gracias a esta legislación, los autores intelectuales y materiales en la operación Lava Jato en Brasil, fueron puestos a disposición de jueces nacionales y extranjeros, 77 exfuncionarios de Odebrecht se acogieron a esta norma para reducir sus penas en otros países, en 2016 la constructora admitió que pagó unos 788 millones de dólares en 12 países de Latinoamérica y África.

La indagatoria integra líneas de investigación donde se involucra a los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela; Colombia, Juan Manuel Santos, así como al expresidente peruano Alejandro Toledo. Incluso, el mismo Henrique Capriles, líder opositor venezolano al presidente Maduro.

No todos los países latinoamericanos han participado en la suscripción de convenios para la aplicación de esa legislación, ya que no existe en su marco jurídico, o existiendo su denominación, como Perú, Chile, Colombia o Argentina, incluido México. Por ejemplo, las penas por enriquecimiento ilícito en promedio no alcanzan los 10 años de prisión. Pero, en EU el cohecho y la malversación de fondos se sancionan con más de 20 años de prisión.

En nuestro país, el caso Odebrecht sigue siendo un misterio. Nuestra legislación, conoce de un mecanismo: el criterio de oportunidad, en los artículos 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala la posibilidad de evitar el ejercicio de la acción penal cuando se hayan garantizado los daños a la víctima (entre otras 7 condiciones) la pena por el delito imputado no debe exceder de 5 años de prisión y no haya existido violencia, pero hay un requisito especial: el MP debe valorar las circunstancias de cada caso, además de los criterios generales que al efecto emita el procurador; su aplicación puede ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.

El criterio de oportunidad una vez aplicado extingue la acción penal para el autor y todos los imputados.

En los casos de exgobernadores, acusados por diversos delitos, se ha utilizado esta nueva figura del Sistema de Justicia Penal, gracias a ello se han recuperado activos y se ha detenido a involucrados en las indagatorias. La sed de justicia, para algunos quedaría saciada con ver a cabecillas tras las rejas y purgando largas sentencias, eso sirve? O es mejor armar una red de delatores que a su vez reproduzcan más imputadores y al final nadie sentenciado, todos arrepentidos. Recuperado el activo patrimonial sustraído, nadie cumpliendo la totalidad de la pena. Habrá que considerar qué nos conviene como agraviados, si la presencia de un directivo criminal en prisión y sus cómplices disfrutando de lo desviado, o el usufructo del delito recuperado y éstos en libertad; una red que ayude a atrapar a su propia red de corruptos.

En el mundo, eso ha resultado positivo, tenemos mucho que construir, tenemos que proteger a los delatores, al fin, el objetivo es hacer justicia y regresar las cosas al estado que guardaban, eso es equidad, eso es Estado de derecho. Eso aspiramos los que luchamos contra la impunidad y la corrupción, no venganzas.

 *Académico de la Facultad de Derecho, UNAM.

  Twitter: @ricar_peralta