La revelación de David Boone, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, exhibe mucho más que una falla en la investigación sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada. Pone en evidencia la fragilidad de las instituciones mexicanas encargadas de la procuración de justicia y la seguridad nacional. Boone confirmó que la Fiscalía tuvo bajo custodia a Mauro Alberto Núñez, El Jando, piloto que trasladó a Zambada en el vuelo que lo llevó a EU en julio de 2024. Era la pieza clave para reconstruir una operación que la propia FGR decía investigar. Sin embargo, lejos de aprovechar la oportunidad para esclarecer los hechos, terminó enviándolo nuevamente a EU dentro del paquete de 92 extraditables al gobierno de Donald Trump.
La decisión resulta todavía más incomprensible porque, una vez en Washington, El Jando se declaró culpable y admitió que trabajaba directamente para Iván Archivaldo Guzmán Salazar, además de reconocer que la aeronave utilizada pertenecía a esa organización criminal. La información terminó fortaleciéndose en los tribunales estadunidenses, mas no en la investigación mexicana.
Más aun, la propia FGR contaba con evidencia relevante. Un audio de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) en el que el piloto solicitó a la torre de control de Ciudad Juárez el código transponder para ingresar a Estados Unidos. Los peritajes permitieron identificarlo plenamente. Pese a ello, la fiscal Ernestina Godoy justificó que “el FBI no proporcionó datos de identificación del piloto y sólo señaló que éste pidió ser deportado inmediatamente a México”. Las contradicciones aumentan conforme aparecen nuevos elementos.
Mientras, el exembajador Ken Salazar sostiene una y otra vez que “no era nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra operación”, sin embargo, el propio FBI terminó presentando la avioneta utilizada como parte de una exhibición pública en un museo, además de presumir la captura de El Mayo como un “operativo heroico y sin precedentes”.
Ahora, ahogado el niño, Ernestina Godoy ha elevado el tono al advertir que, de confirmarse la participación directa del FBI, México estaría frente a “una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira del diplomático estadunidense”. Una acusación que en otros tiempos tendría un enorme peso político y diplomático, pero no en los tiempos de Donald Trump.
Hay que reconocer que el éxito de Washington no fue el operativo, sino la estrategia. Utilizó los incentivos de su sistema judicial para ofrecer reducciones sustanciales de condenas a Joaquín Guzmán López a cambio de la cabeza de Zambada. Por eso, técnicamente, sus agentes no pisaron suelo mexicano para realizar el arresto, sólo esquivaron el lento y burocrático proceso de la extradición formal. Descubrió que es más fácil, eficiente y políticamente menos costoso comprar una traición familiar. Con la única institución que pudo coordinar un operativo bilateral es con el Ejército mexicano, pues ya ha dicho que es al único que le tiene confianza.
Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho lo políticamente correcto al defender la soberanía nacional y denunciar posibles violaciones a los tratados internacionales, el reclamo también deja al descubierto una realidad: un capo histórico fue emboscado, sometido y trasladado desde Sinaloa hasta EU sin que ninguna autoridad mexicana lograra impedirlo. Que un avión despegue sin localizador y cruce la frontera no es sólo un agravio diplomático, es una muestra de incompetencia gubernamental y una vulneración a nuestra seguridad nacional.
Por supuesto que inteligencia militar detectó la aeronave. El exsecretario Luis Cresencio Sandoval dio parte al expresidente López Obrador, pero éste hizo caso omiso y las consecuencias resultaron peores. Las agencias de seguridad de EU comprobaron que pueden saltarse los canales formales y no sería extraño que la misma suerte de El Mayo la pueda correr el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros políticos que son investigados, incluido el propio expresidente y su círculo más cercano, entre ellos sus hijos Andrés y Gonzalo López Beltrán.
DE IMAGINARIA
El gobernador Rubén Rocha Moya cumple más de 66 días desaparecido. El Gabinete de Seguridad rechazó que se encuentre o haya estado bajo custodia del Ejército mexicano en la 9ª Zona Militar, la III Región Militar o en cualquier otra instalación del país.