El estado de Sinaloa es un tema de seguridad nacional. Son ya dos años desde la entrega de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, y las actividades económicas están prácticamente paralizadas por la guerra que mantienen Los Chapitos y La Mayiza por el control del Cártel de Sinaloa. La violencia sigue extendida prácticamente en todo el territorio, lo que ha obligado al gobierno federal a reforzar la presencia militar y replantear la estrategia de seguridad.
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, han puesto en marcha una nueva etapa de colaboración con el gobierno estatal y los municipios. No se trata solamente de enviar más soldados, sino de fortalecer a las policías y recuperar las capacidades institucionales que desmanteló el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, de quien nada se sabe y a quien el gobierno federal ha protegido ante la demanda de EU para detenerlo y extraditarlo por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Hoy, la dimensión del despliegue militar habla por sí sola: 22 mil 667 efectivos del Ejército, que representan 23% de todo el despliegue institucional en el país; más de mil 700 vehículos, aeronaves, helicópteros, drones y sistemas antidrones.
A esto se suma una inversión superior a los 900 millones de pesos, un Centro de Vigilancia, más de 700 cámaras, arcos detectores y monitoreo carretero. La Guardia Nacional también entra de lleno. Entregará en comodato 80 vehículos a Mazatlán, 20 de ellos blindados, y participará en la capacitación de policías municipales.
Desde que el Ejército mexicano asumió el control de la seguridad en Sinaloa, primero con la llegada del general brigadier DEM Sinuhé Téllez López, como titular de la SSP, y del coronel Efrén Martínez Casimiro, como subsecretario, los resultados reportados por la Secretaría de la Defensa son relevantes: 2 mil 250 detenidos, 5 mil 616 armas aseguradas, 69 mil 713 kilos de droga decomisados y 2 mil 546 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destruidos.
Ahora llega también el coronel Remigio Cruz a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, acompañado de 28 elementos de Fuerzas Especiales que se suman a los 29 que ya habían sido asignados, en un momento clave para la seguridad de uno de los municipios más castigados por la violencia.
Aun así, la dimensión del problema sigue siendo enorme. El general Ricardo Trevilla ha reconocido que falta mucho por hacer y, lejos de evadir ese reto, lanzó un compromiso: “No nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad”. El mensaje es más que claro. La estrategia conjunta de la Secretaría de la Defensa y la SSPC proyecta unidad de mando y coordinación. También envía una señal a Washington y alcanza en advertencia al crimen organizado: Defensa y Seguridad van en una misma dirección.
*En Michoacán sigue la violencia política. Todavía no se esclarece plenamente el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, y ahora ejecutan a Eduardo Valdovinos Padilla, empresario y aspirante a encabezar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Lázaro Cárdenas. Le dispararon después de un mitin y una cabalgata, frente a una multitud, pese a contar con numerosos escoltas.
DE IMAGINARIA
Fue designado el general de Brigada de Estado Mayor Conrado Bruno Pérez Esparza como Mando Coordinador de Zona Oriente en el Estado de México, con lo que se refuerza la participación militar en la estrategia de seguridad regional. Tendrá bajo su coordinación los esfuerzos de 15 municipios, con la responsabilidad de dar continuidad a operativos, patrullajes e inspecciones para reducir los delitos de alto impacto. Su trayectoria en el Ejército, formación en seguridad nacional y experiencia en mando y administración pública respaldan una encomienda que exige coordinación, disciplina y resultados frente a la delincuencia.
Busca la Secretaría de la Defensa modernizar su flota aérea. Está en planes de adquirir 11 helicópteros UH-60M Black Hawk. No se trata solamente de comprar aeronaves, sino de contar con herramientas que permitan responder con mayor eficacia ante las amenazas del crimen organizado, proteger a la población y atender situaciones de desastre.