Juicio sumario a militares

Bien se ve que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, es un economista y no un licenciado en Derecho, de haber tenido nociones de ética jurídica, éstas le habrían impedido hacer un juicio sumario en contra de los cuatro militares presos y sujetos a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco jóvenes, la noche del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

La presunción de inocencia es un componente clave del sistema de justicia penal, siendo un derecho primordial y cuyo propósito es garantizar una protección especial a las y los ciudadanos que enfrentan procesos penales, sin importar si son civiles o militares.

Encinas faltó a su deber, a su obligación moral y legal. Su protagonismo y su marcada animadversión hacia los soldados, lo llevaron a declarar de forma ligera, sin tener aún los resultados de la investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a sentenciar como culpables a los militares. 

Sin referirse a la indagatoria que también realiza la Fiscalía General de la República, el subsecretario fue tajante al decir que se trató de una ejecución, ya que no hubo enfrentamiento armado durante los hechos. 

Esta sentencia lapidaria deriva y se fundamenta en las declaraciones de uno de los sobrevivientes, las cuales, desde la ética jurídica deben ser tomadas con cautela, porque a la par existe también la versión de autoridades, de que algunos de los fallecidos tenían relación con un grupo de la delincuencia organizada.

Encinas tiene que respetar el principio de la presunción de inocencia, tanto de un lado como del otro, es una obligación que debe de tener toda autoridad.

Pero parece que en él no aplica y de forma temeraria advierte que si los elementos castrenses tienen derechos también “quien infringe la ley y comete un delito, debe cumplir con su responsabilidad, y la indagatoria debe incluir a la cadena de mando, no sólo a los elementos que accionaron las armas”.

Encinas, reitero, como observador de derechos humanos desde el gobierno federal, debe, obligadamente, esperar la conclusión de las indagatorias, tanto de la CNDH como de la FGR y esperar también a que sea un juez quien emita el veredicto, porque hay que recordar que hoy en día, todos los delitos relacionados con posibles violaciones a derechos humanos atribuibles a personal castrense en contra de civiles deben ser sancionados por los tribunales ordinarios y no militares. 

Por ese tipo de acciones y situaciones es que los militares han salido a las calles a protestar. No es como lo ha calificado el Presidente de la República, que la marcha del pasado domingo fue promovida por la delincuencia organizada y en contra de su gobierno. 

No. Los soldados en activo y jubilados, junto con sus familias y amigos, fueron movidos por los abusos en su contra, por los cientos de militares encarcelados o procesados por la comisión de presuntos delitos en el desempeño de tareas policiacas, como es el caso de sus cuatro compañeros y también, porque no se respetan sus derechos humanos, porque son merecedores, de acuerdo con la Constitución. 

Porque no se quieren dejar matar, pues, al enfrentar a los criminales, tienen la orden de no emplear su armamento.

En sí, fue una marcha para recordarle a su comandante supremo que el Ejército es parte del pueblo, que es fiel al país, a las instituciones y a la Carta Magna, pero que, a la par de sus obligaciones, también tienen derechos y familias. 

* Rosa Icela Rodríguez fue nombrada zarina antifentanilo. Surgen varias dudas, ¿tendrá la valentía de desmantelar a los cárteles que lo producen? ¿Trabajará sola o con la DEA? 

* Asegura López Obrador que México es más seguro que EU. En 2022, en nuestro país se registraron 31 mil muertos; en EU, 20 mil 200.

DE IMAGINARIA

Siguen los fuertes golpes al narcotráfico. El Ejército mexicano decomisó millones de dosis de fentanilo en Sinaloa, Michoacán y BC.