Lo que comenzó como un operativo relevante contra el narcotráfico en Chihuahua terminó por convertirse en un episodio de tensiones, contradicciones y vacíos de coordinación en materia de seguridad. El desmantelamiento de un narcolaboratorio de gran escala, con capacidad para producir millones de dosis de metanfetaminas y que tuvo un despliegue de 80 elementos, 40 de ellos del Ejército mexicano y 40 de la Fiscalía de Chihuahua, parecía un logro. Pero la narrativa cambió de forma inesperada.
La muerte de dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos en un supuesto accidente de tráfico, digo supuesto porque hay la versión de que murieron en el operativo en un ataque del Cártel de Sinaloa, detonó la crisis política. En el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum surgió la preocupación al conocerse que la CIA habría operado directamente con autoridades de Chihuahua, sin notificación al gobierno federal. Pero las versiones pronto comenzaron a chocar. El fiscal estatal, César Jáuregui, dijo que se trató de instructores en manejo de drones. Sin embargo, en EU se ratificó la participación de cuatro agentes, además de su involucramiento en otros tres operativos en la entidad.
En medio de este conflicto, se ha intentado arrastrar al Ejército mexicano a una polémica que, en estricto sentido, no le corresponde. Los elementos militares que participaron en el operativo lo hicieron bajo un esquema de coordinación local, en apoyo a la Fiscalía de Chihuahua, como ocurre de manera cotidiana en múltiples entidades del país. Su actuación se apegó a los protocolos de intervención en operaciones contra el narcotráfico: despliegue táctico, aseguramiento del perímetro y respaldo en tareas de seguridad. No hay indicio de que hayan tenido injerencia en la planeación estratégica ni en la integración de los equipos participantes.
Más aún, los propios testimonios apuntan a que los militares desconocían la posible presencia de agentes estadounidenses dentro del grupo operativo. No sólo porque no formaba parte de su cadena de mando ni de sus atribuciones verificar la identidad de cada elemento civil participante, sino porque —según versiones coincidentes— todos portaban vestimenta similar y se comunicaban en español con fluidez, lo que hacía prácticamente imposible distinguir su origen.
Pretender trasladar la responsabilidad al Ejército implica ignorar cómo funcionan las operaciones mixtas en materia de seguridad. La coordinación interinstitucional, cuando involucra actores locales y eventualmente extranjeros, recae en las autoridades civiles responsables de la investigación y la conducción del operativo, no en las Fuerzas Armadas que actúan como apoyo.
En todo caso, el fondo del problema no está en la actuación de los militares, sino en los vacíos de comunicación y control político que permitieron la participación de agencias extranjeras sin conocimiento del gobierno federal. Ahí es donde se ubica la verdadera grieta institucional.
Esto ocurre en medio de una creciente presión de Donald Trump, que volvió a atacar diciendo que México está perdido y como ha insistido en muchas ocasiones, se vuelve a ofrecer para ser el salvador y actuar en contra de los cárteles.
* Fue capturado en Argentina el contralmirante Fernando Farías Laguna, involucrado en el caso de huachicol fiscal. Tendrá mucho que decir en este tema que salpica no sólo al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, sino también al actual, Raymundo Pedro Morales, quien ha señalado que la ley debe aplicarse sin excepción. ¿Lo hará en contra de su exjefe? Cabe recordar que el almirante Pedro Morales también ha sido cuestionado por el accidente del Tren Interoceánico y por el derrame de Pemex en el golfo de México, un hecho tan grave que hace necesaria la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla al frente de la paraestatal. No sólo por el argumento de que sus subalternos le ocultaron información, sino por su incompetencia al poner en riesgo las instalaciones de la empresa. A ello se suma el ridículo que estos dos funcionarios hicieron pasar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el derrame fue culpa de un barco.
DE IMAGINARIA
Ayer dio comienzo la demostración aérea Guerreros Águila del Ejército mexicano en la Base Aérea Militar No. 20, en Tulum. Uno de los objetivos es demostrar la destreza y disciplina de los pilotos militares, además fortalecer la colaboración entre los sectores estratégicos del país.