Una alerta llamada Nicaragua

Son estos cauces los que hacen a los gobiernos ajustar sus criterios de política pública a la demanda ciudadana y, bajo condiciones de libre competencia electoral, dan pie a la transición para que un renovado liderazgo asuma el cambio de rumbo exigido. Por el contrario, en los regímenes autoritarios el malestar ciudadano tiene como respuesta la represión por parte de la élite política que sólo busca la imposición de sus intereses de grupo para preservar el poder.

En la actualidad, alrededor del mundo existe un claro descontento con los limitados alcances que las decisiones públicas han tenido en la calidad de vida de las personas. Si bien hay experiencias exitosas de alternancia política, otros casos siguen mostrando las fallas en los contrapesos nacionales y los mecanismos internacionales no sólo para resolver las crisis en razonables periodos de tiempo, sino para prevenirlas a partir de una mejor administración pública, los programas de asesoría técnica multilateral, los fondos económicos ejercidos bajo ese paraguas y los esfuerzos diplomáticos desplegados en los territorios a lo largo del tiempo.

El último ejemplo de este preocupante eslabón se llama Nicaragua. La reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social realizada de manera unilateral por el presidente Daniel Ortega, con el objetivo de aumentar las cotizaciones de los trabajadores y deducir 5% a los pensionados, es apenas la punta del iceberg de los motivos que han dado lugar a las amplias protestas sociales observadas en las diversas ciudades de ese país desde el 18 de abril. Al igual que en otras naciones, las manifestaciones tienen como caldo de cultivo la desigualdad, la falta de oportunidades de empleo digno y el deterioro prolongado en la calidad de vida de las comunidades. Los datos ofrecidos por distintos organismos internacionales muestran una buena fotografía del descontento hacia Daniel Ortega. Después de 11 años de régimen bajo el control del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Nicaragua tiene lugar entre los cinco países con menor índice de desarrollo humano, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, además de ser la tercera nación con el PIB per cápita más modesto de la región, tan sólo detrás de Honduras y Haití. El rezago se ve agravado por la tendencia del deterioro: Nicaragua ha retrocedido diez posiciones en el mismo índice, entre el estudio publicado al inicio de la segunda presidencia de Ortega en 2007 y el último difundido en 2017, sin un cambio de políticas nacionales que haga prever mejoras en el futuro inmediato.

Por su parte, el Banco Mundial también ha señalado preocupaciones sobre los resultados de la política pública del presidente Ortega, al tener ese país una de las poblaciones vulnerables más marcadas de toda Latinoamérica. 6 de cada 10 nicaragüenses sufren de cuando menos cuatro necesidades básicas insatisfechas, distintos indicadores educativos se encuentran rezagados en comparación con el promedio regional y existe desigualdad en el acceso a servicios públicos esenciales como electricidad y agua potable. Asimismo, persiste baja calidad en el empleo, sea porque las condiciones adversas orillan a cientos de miles de trabajadores a la economía informal o a realizar actividades productivas con salarios variables e inestables.

En el contexto de la crisis del enfrentamiento entre el gobierno y la sociedad nicaragüense —que de acuerdo con la CIDH se cuentan ya 277 personas asesinadas y más de dos mil heridas por la represión de instituciones de seguridad y grupos de choque tolerados por el gobierno— el gabinete de Ortega amenaza con la incorporación de más de un millón de personas a las filas de la pobreza como consecuencia del conflicto, cuando en realidad este riesgo se debe a las frágiles condiciones estructurales de Nicaragua que, de acuerdo con declaraciones de funcionarios del Banco Mundial hechas en fecha anterior a la fallida reforma de Ortega, uno de cada seis ciudadanos no pobres corren el riesgo latente de caer en alguna condición de pobreza.

Las alertas encendidas por instancias de la OEA y la ONU, respecto de la situación imperante en Nicaragua debiera llevarnos como región a un debate superior sobre los efectos de la reelección presidencial en el contexto de instituciones débiles, la posibilidad de que una persona se presente de nueva cuenta por ese cargo así no sea en elección consecutiva, así como los mecanismos nacionales que permiten una mejora continua de la administración pública y su rendición de cuentas.

Respecto de la cooperación multilateral, emprender una seria autocrítica sobre la pertinencia de los programas y apoyos técnicos que operan en la región. Si queremos alcanzar, por ejemplo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, será muy difícil conseguirlo bajo los escenarios que nos ofrece Nicaragua y otros países latinoamericanos.