Sobre nuestros connacionales
Será difícil ver una orden presidencial de cierre de fronteras, cuando ello conlleva el descarrilamiento de la estabilidad económica en sus estados sureños, la obstrucción de paso de una parte considerable de la fuerza laboral que trabaja en sus ciudades, pero vive en nuestras urbes fronterizas, así como el desabasto de productos maquilados o cosechados en México y demandados al norte de nuestra frontera.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene a la carga de nuevo.
En cuestión de horas ha movilizado sus intervenciones públicas y a integrantes de primer nivel de su administración, con el propósito de dar continuidad a la narrativa de odio en contra de mexicanos y centroamericanos, en una ruta política para preservar la cohesión de su base de leales.
¿El pretexto? Los migrantes son una amenaza a la seguridad fronteriza de su país, por lo que, de no ser contenidos al sur de la Unión Americana, habrá cierres en los puntos de cruce legal de personas y mercancías, así como suspensión de toda la ayuda transferida a Guatemala, Honduras y El Salvador.
En un planteamiento básico de comunicación estratégica, al posicionamiento inicial del mandatario estadunidense le siguió
un amplio hilo de declaraciones de voceros gubernamentales para empujar el debate público.
Por un lado, el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca afirmó que sólo un evento inesperado podría detener la decisión presidencial de cierre fronterizo.
Mientras, por el otro, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, solicitó el despliegue de mayores recursos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza con el fin de aumentar las capacidades de detención de migrantes.
De nuestro lado, si bien el gobierno federal ha dado algunas señales positivas como la reunión sostenida ayer con legisladores estadunidenses para mostrar la diversificación de su diálogo político en contrapeso al presidente Trump, la actual administración se equivocará en el largo plazo si restringe sus variables de acción a la representación política asentada en Washington y a la situación en la línea divisoria.
Esto no sólo porque será difícil ver una orden presidencial de cierre de fronteras, cuando ello conlleva el descarrilamiento de la estabilidad económica en sus estados sureños, la obstrucción de paso
de una parte considerable de la fuerza laboral que trabaja en sus ciudades, pero vive en nuestras urbes fronterizas, así como el desabasto de productos maquilados o cosechados en México y demandados al norte de nuestra frontera.
Será un error porque, como hemos observado en el pasado, cuando el discurso de odio se emite desde una instancia de poder, el fenómeno de la discriminación y la intolerancia se multiplica a lo largo de todo el territorio, dejando vulnerables a los migrantes con intenciones de cruzar la frontera o recién arribados a territorio estadunidense, sino a toda la comunidad mexicana —asentada ahí por décadas— que no tiene sus papeles en regla y corre el riesgo de ser separada de su familia al estar sujeta a deportación.
Por esto, resulta imprescindible dejar a un lado las decisiones cosméticas, asumidas en los últimos años en la red consular mexicana, para convertirlas en verdaderas trincheras a favor de los derechos e intereses de nuestros connacionales; desplegar el talento diplomático de nuestras embajadas en Centroamérica que den solución proactiva a los problemas comunes; así como la preparación de un plan de contingencia entre la Secretaría de Economía y Cancillería para mitigar los mayores costos económicos posibles.
No debemos esperar a que el Partido Demócrata termine siendo el principal defensor de nuestros migrantes, empresarios, familias y trabajadores en Estados Unidos.