Para poner alto al feminicidio
La magnitud del feminicidio nos obliga a todos a la mayor de las atenciones colectivas.De acuerdo con datos oficiales recuperados por distintos medios de comunicación,en poco más de cuatro años han sido asesinadas más de catorce mil mujeres en México.
Pocos delitos agravian tanto a los mexicanos como el feminicidio. Es un crimen que toca las fibras más sensibles de la sociedad porque cada uno de ellos no sólo recuerda la senda de brutalidad e impunidad persistente en las distintas entidades federativas de nuestro país, sino que también es un doloroso recordatorio de la desigualdad, la vulnerabilidad y la falta de mecanismos de protección en el que se encuentra expuesto el segmento más importante de la sociedad mexicana, a pesar de los avances registrados en los asuntos relacionados con la equidad entre mujeres y hombres.
La magnitud del feminicidio nos obliga a todos a la mayor de las atenciones colectivas. De acuerdo con datos oficiales recuperados por distintos medios de comunicación, en poco más de cuatro años han sido asesinadas más de catorce mil mujeres en México. Tan sólo en 2019 fueron encontradas sin vida diez de ellas cada día y la falta de un catálogo regulatorio homologado en todos los estados de la República hace que no todos los homicidios dolosos que podrían configurarse bajo feminicidio sean registrados así, dificultando la asignación eficiente de recursos para la prevención o persecución eficiente de este delito.
En el mismo sentido, resultan preocupantes los crecientes reportes de búsqueda de niñas, jóvenes y mujeres adultas que son declaradas como desaparecidas en redes sociales. Más aun en el contexto nacional, donde seis de cada diez mujeres han sido violentadas de alguna manera a lo largo de su vida, muchas de las veces siendo la fuente de agravio el mismo entorno directo de la víctima, sea este su pareja sentimental, un integrante de la familia, el compañero de trabajo o su primer círculo social.
No cabe duda alguna: las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen mucho por hacer. Una amplia gama de alternativas de política se discute día con día en la arena pública. Desde la creación de instancias especializadas en la recepción de denuncias, mejores prácticas en la salvaguarda de mujeres en peligro, la capacitación de funcionarios que se desempeñan como primeros respondientes, hasta la uniformidad de los códigos penales o el seguimiento directo de los casos por parte de los mandatarios estatales han formado parte del debate.
Sin embargo, como sociedad también resulta indispensable reconocer que, frente al desafío del feminicidio, hacer eficiente el desempeño institucional es una variable necesaria, pero a todas luces insuficiente. La autoridad podrá (1) cumplir con su responsabilidad de mejorar su aproximación a las víctimas y de cerrarle espacios a la impunidad de los homicidas, o bien, de (2) emprender campañas de sensibilización en medios de comunicación, pero debemos ser claros en que este esfuerzo se queda corto.
En cuanto a lo primero, su naturaleza lo hace un factor muy importante para la certidumbre de las mujeres, sólo que es esencialmente reactivo. La mejor operación institucional podría desincentivar a algunos homicidas, pero en ningún sentido elimina de fondo el caldo de cultivo que detona el delito. En lo segundo, las campañas gubernamentales más creativas no han comprobado efectividad en cambiar la conducta de potenciales agresores.
Por ello, este accionar institucional exige el acompañamiento de un movimiento social que alcance un cambio cultural. Si la violencia en una buena parte proviene del entorno directo de las mujeres, entonces todas las familias mexicanas debemos estar dispuestas a contribuir con valores renovados a nuestros hijos; los centros académicos o de trabajo con voluntad a revisar sus canales de alerta temprana, denuncia y cero tolerancia a conductas machistas; así como los espacios de convivencia social a garantizar la igualdad a las mujeres y hombres que en ella interactúan.
La desigualdad, el abuso y el asesinato en contra de las mujeres no es un asunto de clases sociales o de neoliberalismo, es un flagelo que, desafortunadamente y de manera transversal, ha estado presente desde hace muchísimas décadas en México. Por lo mismo, el activismo proveniente de la sociedad civil y la voluntad de los gobiernos deben coincidir en sinergias conjuntas que erradiquen la violencia del seno familiar, calles, aulas y oficinas, garantizando plenitud de derechos para niñas, jóvenes y mujeres.