A dónde van los desaparecidos

Max Cortázar

Max Cortázar

Editorial

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que las cifras de desaparecidos deben “revisarse”, “depurarse” o “reinterpretarse”. Bajo ese argumento, su gobierno sostiene que una parte importante de los más de 130 mil registros no corresponde realmente a desapariciones. El problema no es técnico. Es profundamente político.

Porque mientras, en el papel, los números bajan, en la realidad el país sigue encontrando fosas, restos humanos y fragmentos óseos en distintos puntos del territorio. Apenas hace unos días, colectivos denunciaron el hallazgo de 219 restos óseos humanos durante una jornada de búsqueda en Tláhuac.

Y es ahí donde la Presidenta ha cometido uno de sus mayores errores políticos. No sólo por la decisión en sí, sino por la forma. En sus conferencias mañaneras, cada vez que se le cuestiona sobre el tema, el tono cambia: incomodidad, evasivas y una constante descalificación a quienes dudan. La reacción no es la de un gobierno que busca esclarecer, sino la de uno que se siente acorralado.

El problema de fondo es que la narrativa oficial miente, ya que el Comité contra la Desaparición Forzada —que es un órgano de la ONU— ha advertido que en México las desapariciones son un fenómeno grave y persistente. El gobierno de Claudia Sheinbaum lleva más de 16 mil casos acumulados, es decir, casi lo mismo que los sexenios de Fox y Calderón completos. Lejos de asumir el señalamiento como una oportunidad para corregir, el gobierno ha optado por rechazarlo y minimizarlo.

Diversos análisis independientes, incluyendo evaluaciones de organizaciones como México Evalúa e Impunidad Cero, han documentado rezagos estructurales en seguridad, impunidad y capacidad institucional, ubicando a las administraciones recientes entre las peor evaluadas en el combate a la violencia y la desaparición. No debemos olvidar que el sexenio de López Obrador cerró como el más violento en la historia moderna del país, con 199,619 homicidios dolosos y más de 51 mil personas desaparecidas. Nunca se había registrado tal nivel de violencia acumulada.

Ese dato no es menor. Es el contexto en el que hoy se intenta reescribir la realidad.

Más grave aún es el mensaje que se envía a las familias de las víctimas. Porque mientras ellas buscan en campo con palas y varillas, el Estado parece buscar en bases de datos la forma de reducir la crisis; es decir, el gobierno federal, como ha sido señalado en diversos medios de comunicación y por analistas, ha tratado de esconder las cifras de homicidios en las listas de desaparecidos, o sea, haciendo trampa y jugando con el dolor de muchas familias. Esa desconexión con las madres buscadoras profundiza el dolor de quienes llevan años esperando respuestas que no llegan.

Porque si algo queda claro es que el problema no es sólo de cifras, sino de credibilidad. Cuando un gobierno decide mentir y ajustar los números a su conveniencia, lucra con el dolor de muchos ciudadanos.

En medio de esta crisis, resulta imposible ignorar las acusaciones que apuntan al llamado cártel de La Barredora, señalado por operar con total impunidad y por su presunta responsabilidad en la desaparición de personas, bajo la sombra de quien fuera su creador, Hernán Bermúdez, empleado de Adán Augusto López.

Mientras las entidades gobernadas por Morena se han convertido en epicentros de esta tragedia, como lo son el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, sumado a Jalisco —gobernado por Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano—, donde no sólo ocurre esta tragedia, sino que se suma que muchos policías municipales y locales de esta entidad están dentro de la nómina del crimen organizado, como fue señalado por un medio de circulación nacional.

A nivel federal, lejos de asumir la dimensión de la crisis, Sheinbaum optó por desacreditar los informes de la ONU; fiel al estilo de Morena, cuando un informe no les conviene, desestiman y rechazan las observaciones.

En un país donde desaparecen decenas de personas al día, sugerir que el problema es menor porque así lo dice una base de datos es, cuando menos, ofensivo para miles de familias. México no necesita menos desaparecidos en el papel. Necesita menos desaparecidos en la vida real y eso, hasta ahora, sigue sin ocurrir.