Tiempos de cautela

En los tiempos actuales, en los que el multilateralismo comienza a avanzar en el mundo, es necesario cuidar el marco legal en México para la movilización de capitales que llegan de otros países. Apenas en febrero pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó la operación de Banco Plata, Institución de Banca Múltiple. En circunstancias normales, la llegada de un nuevo agente digital debería leerse como señal de dinamismo y competencia. Pero el expediente que acompaña a esta autorización obliga a una revisión más cuidadosa, especialmente después de lo ocurrido con otras instituciones tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Incluso, la preocupación es evidente dentro de la Asociación de Bancos de México.

Además de la sofisticación jurídica con la que opera con sede en Delaware, USA, Plata posee una arquitectura tecnológica con infraestructura en Estados Unidos y soporte técnico en Chipre y Kazajistán. La tercerización transfronteriza no está prohibida por la regulación mexicana; lo que sí exige es supervisión contractual plena, acceso efectivo al regulador y controles de ciberseguridad al nivel más alto posible, sobre todo tratándose de banca digital.

Detrás de todo está Oleg Tinkov, fundador de Tinkoff Bank; además de Yulia y Michael Calvey, fundador de Baring Vostok. El propio plan de negocio reconoce que el modelo operativo se inspira en la experiencia de Tinkov en Rusia y parte del equipo directivo propuesto proviene de ese ecosistema.

La ley en la materia no exige “simpatías” políticas, demanda verificación independiente del beneficiario final y origen lícito de los recursos cuando alguien ejerce control efectivo sobre una institución bancaria. Tras lo ocurrido con otras instituciones de mala reputación, el estándar regulatorio debería elevarse, no relajarse. México no sólo responde a su normativa interna, sino también a corresponsales internacionales, áreas de sanciones y estándares (GAFI) que observan cada autorización “con lupa”.

La cuestión no es si Plata competirá exitosamente en el mercado digital. Es más bien si en un entorno de sensibilidad externa sobre lavado de dinero y reputación internacional la CNBV aplicó el estándar más alto posible. Porque cuando éste se vuelve ambiguo, el costo no lo paga una sola institución: lo asume el sistema financiero mexicano en su conjunto.

JUSTICIA A LA VENTA

La reforma judicial fue ampliamente publicitada como algo innovador y benéfico para México. Se argumentó que el pueblo elegiría a sus juzgadores. Pero nada más lejos de la realidad. El caso de la empresa de útiles escolares BACO es muy claro en ese sentido. Es leyenda urbana que en México se puede comprar una orden de aprehensión y la prisión preventiva justificada.

John Urich, uno de los accionistas de BACO, vive hace ocho meses dentro del Reclusorio Sur de la CDMX gracias a su hermano Edgar. ¿Y por qué le hizo tan exclusivo obsequio? Edgar Urich, el CEO de BACO, pretende que John acepte sólo 7% de todos los dividendos que ha dejado de cobrar por años. Prácticamente lo quiere dejar en la calle, con 93% de pérdidas.

En México se gastó gran capital político para sacar adelante la reforma judicial de 2025. Y las cosas no se ven bien, con niveles de impunidad que se mantienen en 98%. 

El delito que llevó a la cárcel a John Urich no ameritaba prisión preventiva y el juez Héctor Fernando Rojas Pacheco se la otorgó. Algo no cuadra. John Urich ha corrido la misma suerte que Rosario Robles, quien fue encarcelada tres años, sin juicio ni sentencia, por una licencia de conducir que le “fabricaron”.

¿La justicia en México es entonces un artículo de lujo que está a la venta? Todo indica que sí. Y que la cárcel es un mecanismo infalible para el despojo millonario. El encarcelamiento de John Urich y la posible pérdida de su patrimonio confirmarían que sí, que México está hundido en la corrupción cuando se prometió que acabarían con ella.