Sin argumentos
No es casualidad que Jalisco sea el estado del país con el mayor número de personas desaparecidas.
La realidad es objetiva. Aquí no hay de que “cada quien ve las cosas desde su propia perspectiva”. La violencia que se ha vivido en el territorio nacional es evidente y su mejor muestra es la gran cantidad de víctimas fatales que a diario aparecen, ya sea a la vista de todos o en fosas clandestinas, como la tragedia que acabamos de ver en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
El colectivo Guerreros Buscadores, surgido en aquel estado del occidente del país, localizó un campo de adiestramiento y al menos tres fosas clandestinas con sus respectivos crematorios. A un lado, como testigos mudos de esa barbarie, apilados, 400 zapatos; desde tenis, sandalias y botas hasta zapatos de vestir. Prendas femeninas y masculinas, libretas, una carta de “despedida” y un listado de presuntas víctimas con apodos.
No es casualidad que Jalisco sea el estado del país con el mayor número de personas desaparecidas, con más de 15 mil casos, según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas. El conteo es únicamente de diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024.
Esa realidad deja sin argumentos, frente a una realidad incontrovertible, a una sociedad que ha sido golpeada por la violencia desde hace más de dos décadas. Prácticamente fue, hasta hace poco, un “campo de exterminio” en pleno territorio mexicano; un lugar donde la vida dejó de valer, donde la desesperación de cientos de familias se convirtió en cenizas.
Cada fosa, cada resto humano y cada pertenencia encontrada es el testimonio de un país cuyas instituciones fueron demolidas y hoy ya no responden a una realidad que nos avasalla y de la cual todos pagamos las consecuencias de su abandono. Ningún país en el mundo puede salir adelante de sus problemas sociales y económicos, o de cualquier índole, cuando el costo de la violencia equivale a cerca del 20 por ciento del Producto Interno Bruto; es decir, 245 mil millones de dólares.
DENUNCIAS CONTRA GOBERNADORES
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, anunció ayer martes que su partido presentará en breve una serie de denuncias penales en contra de varios políticos presuntamente vinculados al crimen organizado. Entre ellos figuran los gobernadores Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa) así como otros personajes de “alto rango”, de quienes existen pruebas fehacientes (videos y declaraciones) de sus presuntos nexos con capos del narcotráfico que, incluso, han financiado campañas políticas de quienes hoy ocupan puestos de elección popular. Para el senador campechano, el problema de fondo hoy día en la relación con Estados Unidos pasa necesariamente por el tema de la seguridad interior del país. Es muy probable que pronto haya noticias al respecto.
JALISCO, “BAJO LA LUPA”…
De acuerdo con fuentes consultadas, la Secretaría de Transporte de Jalisco, encabezada actualmente por Diego Monraz Villaseñor, está implicada en la eliminación irregular de 114 mil 323 multas vehiculares entre enero y septiembre de 2023. Según información de la Contraloría del Estado, estas sanciones fueron canceladas sin justificación legal, lo que ocasionó pérdidas al erario por 106 millones de pesos. Las investigaciones apuntan a un “mecanismo” ajeno al juicio de nulidad que pudo haber favorecido a particulares y transportistas. Además, fuentes federales han informado que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el decomiso de 31 mil litros de diésel en instalaciones del Peribús en Tonalá, donde la empresa concesionaria no contaba con los permisos correspondientes. Si bien no se ha confirmado la procedencia ilícita del combustible, el caso involucra a empresarios que han recibido subsidios estatales por más de 2 mil 500 millones de pesos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la supervisión ejercida por la Secretaría de Transporte del estado.