Saldos de una reforma

El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del mismo artículo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Subcontratación Laboral".

La reforma elimina la subcontratación laboral y permite, únicamente, la tercerización de “servicios especializados”. El plazo para cumplir con dichas reglas para las empresas con esquemas de subcontratación fue el pasado primero de septiembre.

Actualmente, el plazo otorgado para cumplir con las obligaciones ha sido calificado por la mayoría de los sectores como insuficiente, ya que se estima que más del 50 por ciento de las empresas aún no concluyen la solicitud en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE). Ante este panorama, diversos organismos y cámaras empresariales, como la Coparmex, proponen que el sector privado, al igual que se estableció con las empresas públicas (el gobierno), tengan hasta el primero de enero del 2022 para cumplir con la reforma. Sin embargo, esta propuesta no ha prosperado de manera alguna.

En cuanto a la migración de empleados, la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS en septiembre pasado señaló que se registró una migración de 2 millones 745 mil trabajadores, los cuales pasaron de los esquemas de subcontratación al patrón real, con un incremento salarial promedio del 12 por ciento. Así, estos trabajadores pasaron de un salario base de cotización de 475.80 pesos a 532.70 pesos. Y de los 2.75 millones de trabajadores “migrados”, 2.3 millones estaban registrados como tipo permanente en la empresa de subcontratación. Según datos de la Confederación Mundial de Empleadores, en 2019 México contaba con 4.7 millones de empleados en esquemas de subcontratación. Es importante saber qué ha sucedido con los millones restantes que no se encuentran contemplados en las cifras oficiales.

Destaca en todo esto, de acuerdo con información del Colegio de México, que la subcontratación reduce entre 22 y 33 por ciento la informalidad del sector en que se implementa. Por tanto, resulta indispensable evaluar el porcentaje de trabajadores que se han tenido que pasar a la informalidad laboral derivado de la reforma.

Adicional a la pérdida de empleos producto de la falta de actualización de información en plataformas oficiales y empresas que no han concluido su registro en el REPSE, se predice que la reforma ahuyentará la inversión extranjera; un claro ejemplo es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México en el que se establece que no se harán cambios a la legislación laboral que afecten la operación de empresas de los Estados miembros de América del Norte.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que la entrada de flujo de inversión extranjera directa en México se contrajo 23 por ciento en este año, por lo que en 2022 este número podría aumentar como efecto de la prohibición de la subcontratación en el país. Y del impacto en el crecimiento económico de México, nada qué decir de ese 6 por ciento menos en el sector servicios durante el tercer trimestre del año.

Basta mencionar que hoy día el esquema del outsourcing de los socios comerciales de México en la región es utilizado para cerca de 25 millones de trabajadores en Estados Unidos y Canadá, por lo que se produce una enorme desventaja en lo atractivo que puede resultar nuestro país para la inversión. Una vez más, estamos en la retaguardia.