La gobernabilidad y la paz social

Un binomio que hoy cada vez es más escaso en aquellas comunidades sumidas en la violencia desde hace más de una década es el de gobernabilidad-tranquilidad social. Es muy común observar, tras los últimos acontecimientos ocurridos en estados como Michoacán y Tamaulipas, cómo en aquellas regiones del país donde han proliferado grupos delictivos, del crimen organizado y hasta de la guerrilla, siempre hay una constante de ingobernabilidad propiciada, en muchos casos, por la lucha de las facciones políticas que se disputan el poder a costa de lo que sea.

Muchas explicaciones y hasta soluciones han sido implementadas sin resultado alguno, porque simple y sencillamente no se ha atacado el problema principal: la lucha descarnada entre los grupos políticos que, enfrentados entre sí, recurren a cualquier “instrumento” de cooptación de simpatizantes con el fin de conseguir sus objetivos. Ahí tenemos como ejemplo el conflicto magisterial, los atentados contra instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y gasolineras en Michoacán y los enfrentamientos de las últimas horas ocurridos en Matamoros, Tamaulipas, entre dos grupos de narcotraficantes que se disputan la plaza. Es decir, una muestra de que las autoridades están rebasadas.

Se podrá decir que el problema es diferente en uno y otro lado, pero —sin embargo— el origen de todos ellos siempre es el mismo: la debilidad de las instituciones de gobierno frente a la impotencia ciudadana por vivir en una sociedad cada vez más insegura y más violenta. Es decir, el surgimiento de la falta de gobernabilidad en una comunidad se debe a la debilidad de quienes tienen en sus manos la facultad constitucional de aplicar la ley sin distingos. Esa facultad la obtienen de los mandantes que, con su voto, le dieron la mayoría a quienes ocupan un cargo público y que, en su toma de posesión, se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la ley. Ahí está el origen de todo.

Cuando un gobernante no cumple con ese compromiso, comienza a pervertirse el ejercicio del poder público y sucede todo lo que hemos visto en las últimas décadas en relación, principalmente, con las bandas del crimen organizado. Y esa perversión deriva en la “infiltración” de los cuerpos policiacos por parte de la delincuencia hasta a aquellos que se “hacen de la vista gorda” frente a la corrupción, que ha carcomido a las estructuras de lo que llaman la función pública, cada vez más desarticulada e impotente. Ya ni qué decir de quienes se coluden con los delincuentes y pasan a formar parte de ellos.

Y si a lo anterior se le suma el hambre y la pobreza que ha ido en aumento en los últimos años, la situación social se vuelve más “explosiva”. Con esas “debilidades” le es más fácil al poder político cooptar grupos para mantenerse en el poder y “movilizar” a sus huestes cuando le es necesario, que trabajar para que la sociedad mejore su calidad de vida a través de más desarrollo. Hoy en día, muchas concesiones que obtienen los grupos políticos las consiguen a través de “presiones” ejercidas desde sus “movimientos de base” y con ello surgen muchos intereses ajenos al mayor interés que es el de las mayorías.

Ha quedado demostrado que la estrategia de combatir la violencia con más violencia no da resultados. Resulta sintomático y hasta contradictorio que en aquella entidad donde comenzó la batalla contra el crimen organizado hoy la escalada de violencia haya rebasado al gobierno local y federal. Raya en lo irónico que mientras más elementos federales se envían a aquellas comunidades donde la violencia se apoderó de los espacios de la sociedad surjan más incidentes de inseguridad y agresión como los que registra hoy día Michoacán, por ejemplo. El problema es mucho más complejo y con raíces muy profundas.

Mientras más se busque “dispersar” los intereses de la sociedad será más fácil abonar en     favor de la división. Y en ello han trabajado muchos “líderes” políticos en los últimos años. Ahí está la muestra.