Las estadísticas criminales permiten reconocer tendencias, comparar territorios y evaluar intervenciones públicas. Su consistencia puede, sin embargo, nublar la comprensión: registrar homicidios y lesiones dice poco sobre la huella del sufrimiento en personas y comunidades o sobre las relaciones que permiten infligirlo, prolongarlo y convertir la humillación o aniquilación de otro en demostración de poder. La discusión sobre la seguridad exige atender esa dimensión simbólica y vivida, incluso cuando los indicadores muestran mejorías.
Los enfrentamientos del 8 y 9 de octubre en el penal de El Castillo, en Mazatlán, dejaron doce personas muertas, entre ellas un niño que estaba de visita. La investigación incluyó el ingreso de armas al establecimiento. Una institución encargada de custodiar personas volvió a convertirse en un espacio donde su vida quedó expuesta a poderes capaces de imponer sus propias reglas. La responsabilidad estatal comprende las condiciones que permitieron esa exposición.
En Ecatepec, una estudiante de 13 años fue agredida, según la denuncia recogida por la prensa, por una compañera y la madre de ésta. La adulta habría utilizado unas llaves para golpearla en el rostro. La participación materna obliga a interrogar las formas de socialización mediante las cuales se aprende a resolver conflictos sometiendo corporalmente a otra persona. Aquí, la autoridad adulta aparece incorporada al ejercicio de la agresión.
En Ostuacán, Chiapas, fueron halladas sin vida una abuela y su nieta de 12 años, esta última con presuntos indicios de violencia sexual. El caso exige examinar cómo la dominación sobre mujeres y niñas incorpora formas de crueldad cuya comprensión desborda el registro estadístico.
En Apatzingán, durante la visita presidencial del 24 de octubre, habitantes denunciaron desplazamientos y violencia. Sus voces expresaron miedo, enojo y hartazgo; un hombre que perdió una pierna por una mina pidió ayuda. Sheinbaum ofreció reforzar la seguridad, pero el reclamo mostraba la huella de vivir bajo amenaza.
El pensamiento frankfurtiano ofrece un marco para examinar la relación entre violencia, derecho y poder, así como la diferencia entre la fuerza que funda un orden y aquella que lo conserva; sin embargo, su mayor aportación quizá consista en desplazar la atención de la mera existencia de leyes y autoridades hacia los poderes que regulan efectivamente la vida en una prisión o una comunidad, es decir, hacia quién puede imponer obediencia y amenazas, pero también hacia las posibilidades de resistencia que conservan quienes las padecen.
Desde esa tradición crítica, la frialdad, la identificación con la fuerza y el trato de las personas como cosas permiten interrogar la tolerancia al sufrimiento ajeno. También la rabia del pueblo que, durante la toma de una alcaldía, decapita al presunto culpable: miedo, agravio y hartazgo transformados en crueldad. Comprenderlo exige indagar los mecanismos que normalizan la violencia en la especificidad mexicana.
El cálculo de la eficacia resulta insuficiente cuando el balance gubernamental de seguridad se concentra en indicadores y relega la experiencia de las víctimas. Una mejora estadística puede ser verificable y encubrir el miedo, la rabia y las marcas que la violencia imprime en poblaciones enteras. Las cifras miden hechos; comprender exige escuchar cómo alteran los vínculos, la confianza y las expectativas de vida, y cómo permanecen inscritas en la memoria colectiva y en la vida cotidiana.
Los apoyos sociales son relevantes porque amplían derechos y alivian privaciones; sin embargo, su eficacia preventiva debe demostrarse mediante relaciones causales específicas. Atribuir la violencia a la pobreza sin reconstruir las mediaciones entre condiciones materiales, impunidad, aprendizaje autoritario y poderes criminales, produce un diagnóstico incompleto y puede estigmatizar a quienes viven con menos recursos.
Los casos mencionados requieren investigaciones diferenciadas, pero plantean una exigencia común: comprender cómo se produce la disponibilidad para dañar y qué huellas deja en quienes padecen o presencian la violencia. No basta reconstruir causalidades: es necesario escuchar el miedo, la rabia y el hartazgo, proteger a las víctimas e intervenir sobre las instituciones y relaciones que permiten la crueldad. La tarea incluye justicia, cuidado, educación para la autonomía, condiciones dignas y protección pública efectiva.