Hace tiempo que cayó el mito sobre los supuestos riesgos de aumentar el salario mínimo en México. Por décadas, se sostuvo que hacerlo provocaría un terrible aumento en la inflación. Así, bajo ese argumento, por mucho tiempo se sostuvieron los salarios de hambre. Nuestro país pasó a tener uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica entre 1960 y 1980, a estar entre los últimos tres países del ranking entre 2005 y 2017.
En contraste, este año México registra uno de los salarios mínimos más altos del sur del continente americano, sólo por debajo de Chile, Uruguay y Costa Rica, alcanzando los 9,582 pesos mensuales y 13,409 en la frontera norte. Contrario a lo que se decía antes, la inflación va a la baja y el precio de más de 20 productos de la canasta básica también. En sólo ocho años, el salario mínimo ha tenido un aumento de 154% en términos reales. Justicia laboral pura. El salario promedio de las trabajadoras y trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social es de 20,212 pesos mensuales; sin mencionar que la tasa de desempleo de 2.7%, es una de las más bajas de todo el continente después de Cuba y Guatemala, de acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En consecuencia, de acuerdo con la última medición del Inegi correspondiente al segundo trimestre del año, la pobreza laboral alcanzó su punto más bajo en diez años; es decir, cada vez son más las trabajadoras y trabajadores mexicanos a los que su salario les es suficiente para adquirir la canasta alimentaria.
A gran escala también son visibles los avances: en el segundo semestre del año la Inversión Extranjera Directa (IED) rompió récord con 35 mil millones de dólares, 12% más que durante el mismo periodo de 2026, y el Producto Interno Bruto creció 1.4% entre enero y junio de este año; además de la fortaleza del peso, una de las monedas más apreciadas en el mundo.
Ayer, durante su Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum habló de algo interesante: la recuperación de la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional. No es ningún secreto que hubo quienes, en el pasado, delegaron las decisiones estratégicas de la economía nacional al sector privado. Durante el neoliberalismo se desmantelaron y privatizaron cientos de empresas públicas. Tan sólo Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, privatizó y desincorporó 390 empresas de la nación, equivalentes a 63% de las existentes en esa la época. Bancos, televisoras, siderúrgicas y mineras pasaron de generar riqueza pública a riqueza para unos cuantos.
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad estuvieron, en su momento, cerca de ser malbaratadas por anteriores gobiernos. Dos de las empresas más grandes y con más historia en México. Su recuperación actual en los hechos y en el texto constitucional que les devolvió a ambas el carácter de empresas públicas, nos ha permitido, por ejemplo, hacerle frente al aumento en los precios de los combustibles y al desabasto que padecen otros países. Sin mencionar el enorme trabajo que CFE realiza especialmente en momentos de crisis, como el huracán Otis en 2023.
A 23 meses del inicio de su gobierno, Sheinbaum ha demostrado que México puede crecer a la par del bienestar de las familias; que crecimiento y desarrollo económico no están peleados, y que alcanzar el avance de ambos no implica renunciar a la capacidad rectora del Estado mexicano, mucho menos a la justicia social. Después de décadas, finalmente estamos dejando atrás un modelo de país que condenó a las mayorías a la pobreza y la desigualdad mientras privilegiaba y enriquecía sólo a unos cuantos. Lo que hoy vivimos no es sólo una transformación profunda en millones de vidas, sino también en la concepción del ejercicio del gobierno, del poder y del servicio público.