El que busca encuentra

La historia de la revocación de mandato es la de un pleito anunciado, buscado y encontrado. No hay más que un responsable: los legisladores de la coalición gobernante que negaron —en un acto de abierta provocación— el presupuesto que solicitó, fundó y justificó el INE para llevar a cabo este ejercicio. Esa mayoría tenía la atribución plena para hacer la asignación de los recursos necesarios en tanto que la Constitución señala que “el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto”. Si no lo hizo fue porque no quiso.

Imagine usted que la Presidencia ordena la construcción de una carretera a la SCT, pero el Congreso no otorga el presupuesto para hacerla o le otorga una tercera parte de éste. La SCT tiene tres opciones: no construirla, construir sólo un tramo o bajar el costo utilizando materiales de mala calidad para dar gusto al jefe. En el primer caso, el secretario de Comunicaciones y Transportes le dice al Presidente que no está obligado a lo imposible. Es despedido. En el segundo, lo culpa de no haber cumplido a cabalidad y es despedido por boicotear las órdenes. En el tercero, se construye y, al entregarla, se desploman varios tramos. También es despedido. A algo parecido se le quiere orillar al INE. Con la fortuna de que el Presidente no puede despedir a los consejeros.

No entro en el capricho de llevar a los ciudadanos a las urnas para que el Presidente pueda decir que el pueblo lo aclama. Pero vale la pena reseñar cómo se desenvolvió el pleito inducido por Morena y el Presidente desde que se aprobó la revocación (5/11/19). La iniciativa original tuvo que ser reformada para su aprobación porque, tramposamente, se pretendían tres movidas ajenas a este tipo de ejercicio. Primero, que el derecho a convocar la revocación fuera no sólo de los ciudadanos, sino también del Presidente y del Congreso. Segundo, que se hiciera de manera simultánea a las elecciones intermedias (2021) y, así, poder influir en la participación y en el sentido del voto. Tercero, que la pregunta tendiera a la ratificación más que a la revocación de mandato. El Presidente tuvo que ceder en medio de descalificaciones hacia la oposición y al INE.

De entonces para acá, más de dos años, comenzó la cargada de deslegitimación del INE y, en particular, del consejero presidente y de Ciro Murayama. Aquel INE que organizó la jornada electoral de 2018 y declaró ganador a López Obrador y a Morena volvió a ser traidor a la patria, perpetrador de fraudes, antidemocrático, parte del bloque conservador y simulador. Una de las más fuertes descalificaciones —omisión, desinterés y boicot fue lo menos que dijo López Obrador— ocurrió con la absurda consulta popular para enjuiciar a los expresidentes porque, también a falta de presupuesto, no se instalaron tantas casillas como en la elección presidencial y porque, cumpliendo con su obligación, el INE amonestó más de una vez al Presidente por hacer proselitismo. Terminando este vacuo ejercicio, las baterías se enfocaron a la revocación. La disputa sobre la pregunta sigue siendo materia de debate. PRI, PAN y PRD interpusieron una acción de inconstitucionalidad (octubre, 2021) argumentando que la ley reglamentaria modificaba la Constitución y, a través de la pregunta, la revocación se transfiguró en ratificación. La Corte no ha resuelto este recurso.

A pesar de ello, los preparativos comenzaron, se emitieron los lineamientos y llegó la hora del presupuesto. El INE solicitó 3,800 millones y lo que recibió fue un recorte de 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto, sin motivación ni justificación. Ante ello, el INE presentó un recurso frente a la SCJN argumentando que el recorte le impedía cumplir con sus obligaciones constitucionales. Se está a la espera de una resolución por parte de la Corte. Lo que busca el INE es calidad y certeza.

Esta es la historia y estos son los datos. El fondo está en otra parte. Consiste en el empeño imparable de reventar al INE y de engañar a la población de que el órgano electoral se opone a la democracia. No es así. La inmensa mayoría de las democracias presidenciales no contemplan la revocación de mandato y las que lo hacen son países de dudosa calificación democrática: Venezuela, Bolivia y Ecuador. También es falso que sea la prueba máxima e indubitable de la rendición de cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas son, sin duda, piezas centrales de la democracia y tienen mecanismos que se deben activar de manera continua. El gobierno actual no tiene mucho que mostrar en estos aspectos. El Acuerdo que declara que las obras de infraestructura del gobierno federal se consideren de seguridad nacional lo dice todo.

Que quede claro, si la revocación no se lleva a cabo o si se lleva a cabo con recursos insuficientes porque así lo ordene la Corte, los responsables son Morena y el Presidente. ¿Por qué el Presidente?, porque de la misma manera que en años pasados modificó el presupuesto aprobado hasta en 15% de lo aprobado por el Congreso, ahora podría ordenarle a su secretario de Hacienda que hiciera una ampliación presupuestal.