En casa del herrero, azadón de palo

A Lu Vergara con admiración.

Por supuesto que todo funcionario público puede y debe ser removido por las causales que señalan la Constitución y las leyes. Pero son muchas las torpezas —que no casualidades— que podrían y deberían haber hecho de este caso un desastre evitable.

Lo primero es el escueto e impreciso comunicado inicial (20 de octubre) del encargado de despacho de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, en el que indica, sin más detalle, que se le remueve del cargo porque “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la PGR”. En declaración posterior, Elías Beltrán afirma que S. Nieto violentó la estricta reserva de los actos de investigación por hacer públicos diversos hechos y datos relativos a investigaciones seguidas en la Fepade. Con ello, dice, infringió la presunción de inocencia y dio elementos para que se argumente la violación al debido proceso. El lunes 23 en un artículo en El Universal, ya con mayor cautela, escribe que: “Probablemente violentó el marco legal” y “presumiblemente no respetó los principios de presunción de inocencia y debido proceso”. Sí, probable y presumiblemente. O sea, no hay certeza. Finalmente, el mismo lunes 23, pero con fecha 20 de octubre, la PGR da a conocer la carta dirigida al Senado en la que se le informa que S. Nieto ha sido removido no por violaciones al código de conducta, sino por “violentar la estricta reserva sobre investigaciones en curso”.

Así como no veo en la carta enviada por el extitular de Pemex al extitular de la Fepade algún tipo de presión o amenaza, tampoco veo en la conducta del extitular de la Fepade algo que comprometa las investigaciones. Para los periodistas y académicos, los informes periódicos de S. Nieto han resultado sumamente útiles y son apreciables como ejercicio de transparencia.

Paradójicamente, la propia PGR no cumplió con lo que le demandó al funcionario removido: cumplir con la ley. Si cometió una falta al Código de Conducta, ésta es de carácter administrativo no grave y merece, a lo más, la amonestación y a los más una suspensión. Esto, después de haber sido acreditada y permitido la defensa del inculpado. Para deslindar si una conducta es reprochable, debe seguirse un procedimiento a cargo de la Visitaduría General en el que el presunto infractor goce de garantía de audiencia, se emita una resolución formal por escrito, fundada y motivada y, en su caso, la imposición de la sanción. Nada de esto sucedió. O sea, en casa del herrero, azadón de palo.

Ahora se arguye que se hizo uso de la facultad para la libre remoción (transitorio XVIII, Reforma Político Electoral 2014). Además, de que es dudoso que la facultad expresamente atribuida al procurador le pueda ser transmitida al encargado de despacho, una cosa es la “libre remoción” y otra muy distinta la remoción a capricho o no motivada. Más bien, aquí hay un abuso. Lo segundo es el contexto. La remoción se da en condiciones que inevitablemente llaman a la sospecha y a la toma de una decisión de carácter político. No debería sorprendernos. La PGR, como se ha cansado de reiterar Ana Laura Magaloni, es una institución del pasado una de cuyas funciones era “dar certeza a la élite política y económica de que ninguno de sus miembros, salvo que el presidente lo ordenara, tendría responsabilidades penales como consecuencia de sus actos …”.

Es una vergüenza que en un país como el nuestro en el que los delitos electorales son más la regla que la excepción y en el que acaba de comenzar el proceso electoral 2018 se remueva al titular de la Fepade. Agréguele los siguientes casos sensibles: judicializó el caso del exgobernador de Chihuahua (C. Duarte) por haber llevado 79 millones de pesos del salario de los empleados del estado al PRI; se investiga el uso de sindicatos fantasma para repartir dinero ilegal a la campaña del candidato del PAN (G. Anaya) al gobierno de Coahuila y hay una carpeta de investigación abierta contra el exdirector de Pemex por el caso Odebrecht.

Con pocos recursos materiales (160 mdp) y menos recursos humanos (76 ministerios públicos), la Fepade comenzaba a hacer su trabajo y a ejercer la autonomía que no aparecía por ningún lado más que en el papel. La remoción de su titular es un paso más en la desinstitucionalización de los órganos encargados de administrar y procurar justicia. México está sin procurador, sin fiscal anticorrupción, sin magistrados especializados en corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, ahora, sin, fiscal de delitos electorales.

Creo que tenemos elementos suficientes para sospechar de las motivaciones políticas, que no técnicas, de la remoción y razones de más para condenar la falta de compromiso con la obligación de disminuir los escandalosos niveles de impunidad que prevalecen en el país. También, para exigir la discusión inmediata de la reforma que dé paso a la Fiscalía independiente y autónoma que se prometió.