Hace 6 días, la Suprema Corte validó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, con lo que terminó de armarse un mecanismo que permitirá a los partidos, si así lo deciden, enviar los nombres de sus aspirantes a las agencias de seguridad, inteligencia y finanzas del gobierno federal, que responderán si existe o no un riesgo razonable de vínculos con el crimen organizado. La respuesta llegará al partido, que podrá postular a esa persona de todos modos, y el votante nunca sabrá quién fue revisado ni qué se encontró.
Detectar y, en su caso, sancionar los vínculos entre candidaturas y grupos criminales es una tarea urgente, y conviene reconocer que las razones con las que la Corte validó la reforma son sólidas, porque un filtro obligatorio que excluyera a alguien sin sentencia vulneraría la presunción de inocencia y el derecho a ser votado, y porque la confidencialidad protege a los revisados del linchamiento que provocaría una alerta filtrada en plena precampaña. Cualquier mecanismo que respete esos derechos será, por necesidad, débil; y la pregunta que importa es entonces si esa debilidad resulta neutral o si deja abierta una puerta que el diseño pudo haber cerrado.
Basta con mirar los incentivos para advertir que la puerta quedó abierta. La lista puede entregarse de manera total o parcial y los listados son secretos, de modo que sólo la dirigencia sabrá a quién mandó a revisar y a quién dejó fuera. En un sistema donde las candidaturas se deciden con frecuencia según lógicas de poder que poco tienen que ver con la limpieza de una trayectoria, resulta difícil imaginar a un partido que someta por iniciativa propia a la figura que ya decidió postular. El secreto elimina también el costo reputacional de usar el mecanismo de forma selectiva, y lo convierte en una herramienta que puede dirigirse contra el aspirante incómodo mientras el silencio se reserva para quien conviene proteger.
Angelo Panebianco explica en Modelos de partido que el poder dentro de una organización partidista descansa en el control de lo que llama zonas de incertidumbre, entre ellas el reclutamiento y la comunicación interna. La reforma entrega a las dirigencias una zona nueva, la posibilidad de conocer en secreto el riesgo que pesa sobre sus propios cuadros, con lineamientos que dejan al partido, en ejercicio de su autodeterminación, la decisión de comunicar o no ese resultado al aspirante, quien, además, ya no puede retirar su consentimiento una vez iniciado el procedimiento. Lo que se presenta como un instrumento de integridad puede terminar reforzando la disciplina vertical y reduciendo la competencia interna, porque quien sabe lo que el otro ignora sobre sí mismo adquiere sobre él una autoridad difícil de disputar.
Hay una consecuencia más inquietante, porque una dirigencia que conoce el riesgo de sus candidatos y decide en privado qué hacer con ese conocimiento queda en posición de administrar con más cuidado su relación con el crimen organizado. Este riesgo alcanza a cualquier partido, y se agrava porque la información proviene de agencias del Ejecutivo federal, en un diseño que, según advirtieron consejeros del propio INE, haría muy difícil detectar si las alertas se concentrarán injustificadamente en una sola fuerza política.
Asumir los límites que impone el respeto a los derechos no obliga a resignarse a un instrumento cuyo único uso con incentivos sea el discrecional. Si se publicara qué partidos participan y qué proporción de sus aspirantes someten a revisión, sin revelar nombres, no participar tendría un costo y la supuesta necesidad de información de los partidos podría comprobarse en los hechos. Exigir que quien decida participar envíe a todos sus aspirantes a un mismo cargo cerraría el uso selectivo contra los rivales internos, y trasladar la consecuencia al partido haría que, si alguien postulado con una alerta llega al cargo y después se le comprueba el vínculo, la sanción recayera sobre quien lo postuló conociendo el riesgo, sin tocar el derecho de esa persona a ser votada.
La primera ventana para recibir listas será el 15 de diciembre, fecha en la que sabremos poco, porque el diseño garantiza que así sea. Una democracia puede tolerar instrumentos débiles cuando su debilidad es el precio de proteger derechos, y lo que vuelve preocupante a éste es que su debilidad deposita en unas cuantas manos el poder de decidir en silencio quién merece ser revisado y quién resguardado.