No se dice explotación, se dice bienestar

Tienen entre 50 y 65 años. Salen a trabajar a las ocho de la mañana y no regresan hasta pasadas las ocho de la noche. En ese tiempo, barren calles, recogen basura, podan árboles y tapan baches en cada colonia de la Ciudad de México. Son, en muchos sentidos, quienes hacen posible la ciudad. Tres de ellos han muerto en incidentes de tránsito mientras trabajaban; sus familias no recibieron indemnización alguna. Son los trabajadores de limpia de la CDMX. El gobierno, sin embargo, no los reconoce como tales.

Desde junio de 2025, los trabajadores forman parte del programa “Transformando la Capital: servicios públicos cercanos a la gente”, operado por la Secretaría de Obras y Servicios. La Sobse les asigna rutas, establece sus horarios y les entrega uniformes; luego les pide que firmen una carta de compromiso en la que aceptan que su incorporación al programa no genera relación laboral alguna con la dependencia. En el vocabulario oficial, son beneficiarios. Esa distinción no es un capricho semántico, sino el mecanismo mediante el cual el gobierno se libera de todas las obligaciones que derivan de una relación laboral, pues sin trabajador no hay patrón, y sin patrón desaparecen el IMSS, el salario mínimo y toda prestación posible. Sus 8 mil 500 pesos mensuales quedan por debajo del salario mínimo vigente de 9 mil 582 pesos, y nadie infringe ninguna ley porque, en el papel, nadie les paga un salario.

La ironía tiene fecha de nacimiento en 2020. Ese año, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la reforma que prohibía el outsourcing como el saldo de una deuda histórica con la clase trabajadora. Mediante la subcontratación, las empresas reportaban ingresos artificialmente bajos, lo que reducía sus cuotas al IMSS y dejaba a los trabajadores con historiales de cotización raquíticos.

A eso se sumaba que, al no ser empleados directos quedaban excluidos del reparto de utilidades (PTU) y la rotación constante de contratos les impedía acumular la antigüedad necesaria para exigir derechos. Eliminar el outsourcing era, según el discurso oficial, el paso definitivo para restituir la dignidad laboral.

Lo que nadie anticipó, o nadie quiso anticipar, es que el Estado podía aprender del esquema que decía combatir. Cuando la reforma obligó a empresas intermediarias a despedir a sus trabajadores, el gobierno de la ciudad los absorbió, aunque no para incorporarlos, sino para convertirlos en beneficiarios de un programa social. El resultado es que en los tres rubros que la reforma prometió corregir, estos trabajadores quedaron peor que antes. Se anuló la evasión del IMSS porque simplemente no existe inscripción alguna. Ya no hay exclusión de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades porque la figura jurídica que la hiciera posible desapareció. Y se acabó la rotación de contratos endebles porque no hay contrato. El outsourcing era un esquema de explotación disfrazado de flexibilidad; el programa social, un esquema de explotación disfrazado de solidaridad.

Esta semana, la diputada Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para garantizar las prestaciones laborales de todos los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta es relevante como gesto político, aunque el problema que señala no tiene su origen en un vacío legal. La Constitución local ya establece que el gobierno capitalino es garante de todos los derechos de quienes trabajan para él. Lo que falta no es una ley, sino la decisión de cumplirla.

Y esa decisión corresponde a Clara Brugada. Es su gobierno el que opera el programa, el que redacta las cartas compromiso, el que paga por debajo del salario mínimo a quienes mantienen en pie la ciudad. El gobierno del bienestar tiene en sus calles a miles de personas sin acceso a ninguno de los derechos que dice –y debería– defender. En el vocabulario oficial, quien trabaja 12 horas diarias sin contrato ni seguridad social no es un trabajador a quien se le niegan sus derechos, sino alguien a quien el gobierno le hace un favor. La precariedad se vuelve generosidad, y la omisión se convierte en política del bienestar.

La deuda histórica con los trabajadores de México sigue pendiente de pago, pues apenas cambió de acreedor y, al final, somos los capitalinos, los beneficiarios de su trabajo.