Hay una paradoja que atraviesa silenciosamente el ejercicio del poder en esta época, que insistimos en nombrar de maneras distintas y que tiene que ver con el modo en que se ha reconfigurado la legitimidad de quienes gobiernan. Porque si bien las redes sociales han abierto una grieta generosa en el andamiaje tradicional del acceso a la política, permitiendo que quienes carecían de linaje partidista, de padrinazgos o de capital económico suficiente para lanzar una candidatura encuentren en la comunidad digital una forma legítima de construir autoridad, esa misma lógica que democratiza termina exigiéndole a quien ya ocupa un cargo que compita, día tras día, por la atención fragmentada de sus audiencias, de manera que el criterio con el que se mide su legitimidad empieza a parecerse peligrosamente al de un contenido viral y cada vez menos al de una gestión que se sostiene en el tiempo. Lo curioso, y lo que vale la pena desmenuzar, es que esta mutación no inaugura nada enteramente nuevo, pues el vínculo carismático entre gobernante y gobernados ha sido desde siempre una de las formas más persistentes de legitimación política, aquella que la teoría ha llamado aclamación y que Carl Schmitt describió como el aplauso visible de una masa que reconoce, antes que delibera, la autoridad de quien la conduce.
Conviene, sin embargo, resistir la tentación de leer esta apertura únicamente como una degradación, porque hacerlo supondría idealizar retrospectivamente un pasado en el que la política tampoco se decidía por deliberación pura ni por el peso objetivo de las propuestas, sino por operadores que orquestaban con precisión quirúrgica el rostro carismático que habría de representarlos ante el electorado. Lo que las plataformas digitales han logrado, en cambio, es abaratar el costo de entrada a ese juego de reconocimiento colectivo, de suerte que hoy resulta posible construir una comunidad propia sin depender enteramente de la maquinaria partidista, y en esa posibilidad reside gran parte de lo que celebramos cuando hablamos de la vocación democratizadora de internet.
El problema aparece cuando esa comunidad, en lugar de operar como un canal de escucha, empieza a funcionar como un espejo que devuelve constantemente al gobernante la certeza de que está actuando correctamente, porque quienes le escriben pertenecen casi siempre al mismo circuito afectivo que ya lo reconoce como propio. Ahí se cuela un sesgo de confirmación que no siempre resulta evidente para quien lo padece, ya que la sensación de estar atendiendo demandas concretas, de responder mensajes y de intervenir ante problemáticas puntuales puede convivir perfectamente con el desconocimiento sostenido de las realidades que habitan fuera de ese radio de reconocimiento mutuo. La autoridad que se construye así termina siendo profunda hacia dentro de la comunidad que la sostiene y extraordinariamente delgada hacia todo lo que queda afuera, lo cual explica, en parte, por qué tantos funcionarios parecen dominar el lenguaje del entretenimiento sin llegar a dominar, con la misma soltura las facultades técnicas y las responsabilidades específicas de los cargos que ocupan.
Esta confusión entre comunidad afectiva y ciudadanía real trae consigo un desplazamiento todavía más sutil, que empieza a manifestarse incluso en el terreno legislativo, pues la reciente reforma en materia de telecomunicaciones retoma la noción de derechos de las audiencias, pensada originalmente para proteger a quien consume información mediática, sin que hasta ahora exista una discusión equivalente sobre lo que significa que el propio elector empiece a comportarse, y a ser tratado, como una audiencia; pues gobernar para audiencias termina siendo una tarea bastante distinta de gobernar para ciudadanos, ya que la primera se conquista con lo que resulta viral mientras que la segunda exige políticas capaces de sostenerse, aunque nadie las esté grabando.
No se trata, entonces, de añorar una cercanía calculada que nunca fue del todo genuina ni de exigir distancia como sinónimo de seriedad, sino de sostener la pregunta incómoda que esta época nos obliga a formular: ¿de qué manera puede una comunidad política construir vínculos afectivos legítimos sin que ese vínculo sustituya por completo el trabajo lento, técnico y muchas veces invisible que exige gobernar bien?