Hace días que se habla de poco más, lógicamente. Las mesas de análisis, las redes, los editoriales; todos han tenido algo que decir sobre los nueve funcionarios mexicanos que la Fiscalía estadunidense vincula presuntamente, de acuerdo con Los Angeles Times, con una facción del Cártel de Sinaloa. Se ha especulado sobre lo que hará la Presidenta, si se posicionará como jefa de Estado o como jefa de partido, si esto abre o cierra una cloaca, si es un parteaguas o un episodio más. Lo que noto, en cambio, es lo que no se está discutiendo, la vía por la cual la delincuencia se hace del poder, la captura de la democracia.
Frente a la coyuntura, la Presidenta respondió, como era previsible, con el que ha sido el hilo conductor del discurso oficial: la soberanía. Hace unas semanas escribía en este espacio sobre cómo el gobierno federal reduce la soberanía a “independencia” y, en ese sentido, recurre a ella sin necesariamente velar por lo que el concepto, en su totalidad, implica. Hoy vuelve, intacto, a ocupar el centro de la conversación. Por supuesto que la soberanía implica respetar los procesos jurídicos propios y no doblegarse a presiones externas. Pero hay una segunda acepción que el gobierno no ha mencionado, y que los datos vuelven urgente.
Soberanía, en su sentido más básico, implica que el poder reside en el pueblo. Esa premisa supone que los ciudadanos eligen libremente entre opciones reales, pero dos investigaciones publicadas en 2024 documentan que esa soberanía lleva años siendo erosionada desde adentro.
La base de datos Votar entre Balas, de Data Cívica y México Evalúa, registra cerca de 836 eventos de violencia político-criminal (esto es, asesinatos, ataques, amenazas, desaparición y un sinfín de violencias cometidas en contra de candidatos, precandidatos o familiares de los mismos) entre 2018 y 2023, casi el triple de los 311 contabilizados entre 2006 y 2012. Urnas y Tumbas, del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, analizó los 32 homicidios de candidatos en el proceso 2020-2021 y concluyó que estos atentados modifican los procesos electorales de dos formas: eliminando o intimidando a candidatos para reducir las opciones del electorado; y generando el miedo suficiente para alterar el comportamiento del votante. Como ejemplo de ello, los municipios con más ataques registran menor participación electoral y más sustituciones de funcionarios de casilla el día de la votación. En otras palabras, murieron porque alguien tenía un interés particular en que no llegaran o en que llegara alguien más.
La captura de la función pública por medio de los procesos “democráticos” es el primer paso para la consolidación de la gobernanza criminal: el proceso por el cual grupos armados se convierten en gobernantes de facto, capturando las instituciones desde las que deberían ser combatidos. La defensa de la soberanía se pone en entredicho, por lo menos desde el frente interno, y nos permitiría concluir que lo que reveló Los Angeles Times, si los señalamientos resultan fundados, sería una expresión de ese proceso, no su origen. Por supuesto que no niego la relevancia de que prevalezcan la Constitución y los procesos jurídicos mexicanos por sobre las presiones externas. Pero cuando la soberanía se invoca con tanta frecuencia que parece un conjuro, vale la pena preguntarse si no estamos dejando un flanco abierto; si no es que desde adentro deberían prenderse las alarmas.
Las elecciones intermedias de 2027 están a dos años y los datos indican que la violencia político-criminal no se concentra en una sola organización ni en una sola región. Lo que el momento exige, entre muchas otras cosas, por supuesto, es una estrategia de seguridad que blinde los procesos electorales, mayores facultades reales para los organismos que los supervisan y una investigación sistemática que no arranque cada vez que un gobierno extranjero le interesa.
Si la respuesta a este caso se limita a procesar nueve expedientes y declarar una victoria, habremos confundido la clausura del escándalo con la solución del problema. Y la diferencia, para quien vive en un municipio donde el candidato fue amenazado o directamente no llegó a serlo, es votar y vivir entre balas.