La respuesta a los resultados de PISA 2025 fue de alarma, incluso cuando Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, ofreció un consuelo estadístico al advertir que México mantuvo cierta estabilidad en las tres competencias evaluadas, aun cuando esto significó que 41.8% de los estudiantes de 15 años quedó por debajo del nivel básico de forma simultánea, más del doble que el promedio de la organización. El mismo Schleicher, frente a la pregunta directa de si esto constituye una crisis, respondió que el panorama es obviamente grave, y calificó la mayor cobertura del sistema mexicano como un logro parcial dentro del desastre. Ambas respuestas ignoran la pregunta periodística relevante: ¿A qué se debe la atroz estabilidad? ¿En qué se ha invertido el presupuesto educativo mexicano mientras?
La Ley General de Educación obliga, en su artículo 119, a destinar al menos 8% del PIB a la educación. El gasto real, hasta ahora, ronda 3.2%, una distancia que se ha mantenido sin importar quién gobierne y que documenta, más que un ajuste presupuestal ocasional, una posición sostenida frente al problema de cómo proveer el servicio. Cabe mencionar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027 se entregó al Congreso el 8 de septiembre, el mismo día en que la OCDE difundió esos resultados. De todas las dependencias, la SEP fue la que recibió el mayor incremento en pesos, con un aumento nominal de 10%. La coincidencia de fechas no puede leerse como una respuesta, porque un presupuesto de esa magnitud se elabora con meses de anticipación, por lo que deja ver que el aumento ya estaba decidido antes de que se supiera qué tan poco ha rendido, hasta ahora, el gasto existente.
En educación básica, entre los ciclos 2021-2022 y 2023-2024, las escuelas públicas perdieron 528 mil 930 alumnos, mientras que las privadas ganaron 287 mil 825, según la serie histórica de la SEP. Parece razonable inferir que se trata de un estrés importante para la economía de muchas familias, de tal manera que muchos de ellos no pueden continuar sus estudios. El gasto por alumno en ese nivel cayó de 49 mil 208 a un estimado de 39 mil 198 pesos en el mismo periodo. La proporción que ocupa lo privado ahí sigue siendo modesta, porque la educación básica es también la más difícil de abandonar para las familias sin recursos, pero conforme avanza la trayectoria escolar ese margen se estrecha. En educación superior, la matrícula privada pasó de 35.4% al cierre del sexenio de Peña Nieto a 38.1% al cierre del de López Obrador, de acuerdo con el investigador Roberto Rodríguez Gómez, y en posgrado el salto es aún más agudo.
Quién se queda fuera, exponenciando el factor del ingreso familiar en la ecuación, depende también de otras lógicas. En comunidades rurales asiste a la escuela 61.9% de los jóvenes en edad escolar, frente a 77.6% en zonas urbanas, y la brecha de abandono entre hombres y mujeres, mínima en primaria, crece hasta 4.4 puntos porcentuales en media superior. El ingreso decide quién puede pagar una escuela privada, pero el territorio, la violencia, la salud y el género deciden quién ni siquiera llega a esa disyuntiva.
En 2024, 97.87% del presupuesto educativo se fue a gasto corriente y apenas 2.13% a inversión de capital. Un Estado que dedica casi todo su presupuesto a sostenerse a sí mismo y casi nada a ampliar o mejorar lo que ofrece indica, más que una política de austeridad temporal, un dogma que confunde reducir el aparato con resolver el problema de fondo, y ese dogma corroe al sistema público desde adentro con la misma eficacia que cualquier privatización, aunque nadie firme un contrato de concesión.
El gobierno ha construido buena parte de su narrativa de éxito social en la reducción de la pobreza medida por ingreso, que, en efecto, bajó entre 2022 y 2024. Comparada con 2016, sin embargo, la carencia por acceso a servicios de salud es 18.6 puntos porcentuales mayor, y el rezago educativo está prácticamente en el mismo nivel. Se puede tener menos pobreza y, al mismo tiempo, un acceso más desigual a lo que el Estado debería garantizar de forma universal. Combatir los privilegios de ingreso sin combatir la privatización de los servicios que antes eran universales sólo desplaza el privilegio, el de quien puede pagar lo que el sistema público ha dejado de proveer.